Redacción Voz de la Diáspora
Panamá – Crear un modelo que agilice el pago a los proveedores del Estado cambiaría el panorama de muchas compañías, especialmente MiPyMEs que prestan servicios a entidades públicas y dependen en gran medida de esas entradas, con ese espíritu nació el Proyecto de Ley 462 que luego de dos años en la Asamblea Nacional está por entrar en Segundo debate.
En Panamá, alrededor del 97% del tejido empresarial pertenece a la micro, pequeña y mediana empresa (MiPyMEs).
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la Contraloría General de la República, 3 de cada 4 panameños trabajan en MiPyMEs o en el sector informal, y según estadísticas de AMPYME y UNPYME, solo el 8% de las MiPyMEs tienen acceso al crédito bancario en este momento.
Es decir, si estas empresas no obtienen liquidez no se reactivará la economía nacional, y no tendrán la capacidad de pagar sus compromisos financieros, lo cual afecta a todos en el país.
La participación del sector en el desarrollo económico y social es determinante para Panamá, pese a ello no todas las empresas cuentan con la liquidez necesaria para operar con holgura, lo que llevó a miles a cancelar contratos de trabajo, y en casos extremos a cerrar puertas en medio de la crisis generada por la pandemia de la Covid-19.
Expertos plantean que mejorar las condiciones de las MiPyMEs y garantizar el flujo de caja no solo aseguraría la recuperación del sector, sino que ayudaría a mantener miles de empleos formales, y dinamizaría la reactivación del país.
De ahí que para muchas Pymes que proveen servicios al Estado su tabla de salvación podría estar en que se aceleren los pagos y se acorten los tiempos de espera para cobrar las facturas.
En ese contexto, nace el Proyecto de Ley 462 presentado en octubre de 2020, cuya meta es establecer “una medida para facilitar rápida liquidez a los proveedores del Estado, autorizando a las entidades públicas a certificar deudas con proveedores que pueden ser negociadas para respaldar la emisión de valores comerciales a corto plazo”.
Este Proyecto de Ley tiene grandes beneficios pues es gratuito para el Estado, y le brinda hasta 360 días para pagar sus cuentas certificadas a favor de los fideicomisos privados sin costo financiero, mientras que los proveedores cobran sus cuentas por cobrar certificadas rápidamente y los inversionistas tienen acceso a un instrumento de inversión a corto plazo que paga rendimientos más altos que los plazos fijos.
El presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, dijo que la iniciativa prioriza el establecimiento de “mecanismos” que garanticen el flujo de caja de las compañías que contratan con el Estado bajo el concepto de “pronto pago”.
Todo proveedor dueño de una factura certificada por el Estado la puede descontar y obtener liquidez sin tener que presentar estados financieros, ni análisis de crédito, ya que el riesgo del inversionista es el Estado panameño.
El diputado Adames explicó que la iniciativa está próxima a entrar a un Segundo debate de tres que necesita en la Asamblea Nacional y la posterior firma del presidente del país para convertirse en ley, mientras avanzan las conversaciones con distintos sectores.
El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander aseguró que avanzar en la cancelación de deudas que el Estado contrajo con las empresas es una prioridad, pero reconoció que la situación se ha complicado tras la caída de los ingresos, y el aumento de subsidios en el contexto de la pandemia.
Alexander recordó que en 2019 cuando asumió el gobierno actual recibieron obligaciones por pagar por unos $1,800 millones heredados por la administración anterior, que incluían deudas con distintos sectores, entre ellos la Caja del Seguro Social y empresas.
A pesar de las iniciativas, las empresas piden al gobierno mayor rapidez en el pago de las facturas, y menos burocracia en el proceso, de esa forma tendrían liquidez para gastos operativos, pagar sus compromisos financieros e invertir en expansión.
Bases del proyecto
Según la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), el Proyecto 462 básicamente establece «las certificaciones de deudas públicas internas a proveedores de bienes, obras y/o servicios del Estado, con fecha fija irrevocable de pago, como medida de reactivación económica».
En octubre de 2020 el gremio empresarial envió a la Asamblea Nacional una carta en apoyo al proyecto de Ley 462, considerando la importancia que tiene para las empresas reforzar la liquidez en un momento crucial en la recuperación después de lo peor de la pandemia.
“Si las MiPyMEs pueden contar con ese flujo de caja de manera expedita esto les ayudaría a agilizar su recuperación”, agregó la CCIAP.
En la exposición de motivos, el proyecto destaca que la ley “busca brindar liquidez inmediata a todos los proveedores de las entidades del Estado, sin que el Estado tenga que endeudarse, incurrir en gastos de intereses o gastos de estructuración de deudas”.
“Todas las entidades del Estado estarán autorizadas para certificar la existencia de deudas con sus proveedores de bienes, obras y servicios, que podrán ser negociadas por éstos, mediante cesión a un fideicomiso privado debidamente regulado sin recurso contra el proveedor del Estado bajo descuento por pronto pago”, según el proyecto.
“La certificación conlleva un compromiso irrevocable de pago, del monto certificado, en fecha fija e inamovible, la cual puede ser con cargo al presupuesto del Estado del siguiente año”, señala el documento.
El economista, Eddie Tapiero dijo que el mecanismo funcionará bajo la figura «fideicomiso privado» regulado para mayor “transparencia» de las actividades financieras en el contexto de las pequeñas y medianas empresas, además de eliminar la burocracia» que enfrentan en el proceso de cobros al Estado.
La certificación de las cuentas o facturas cedidas al Fideicomiso, la negociación de las cuentas o facturas ya certificadas por el Estado y los valores comerciales respaldados por éstas, deberán ser realizadas en una plataforma digital o bolsa digital segura a la que se pueda acceder por «Internet».
«Lo que se quiere es meterle una parte privada, que sea capaz de ser el vínculo que permita mantener la tecnología avanzada y que no tenga interferencias del gobierno”, explicó Tapiero.
El experto afirmó que el proyecto de ley llega en un momento crucial para el país donde muchas empresas tienen cuentas por cobrar a raíz de lo cual “no pueden reactivarse”. “No quieren quebrar”, manifestó.
En un discurso ante legisladores, el Presidente de la Asamblea Nacional, recordó que hasta octubre de 2019 se registraron unas 62,000 MiPyMEs en Panamá, en abril de 2021 en plena pandemia cerca de 20,000 habían cancelado el aviso de operación.
Lo anterior convierte al Proyecto de Ley 462 en la esperanza de las MiPyMEs y en una herramienta vital para la reactivación económica de Panamá, por lo cual este sector se mantiene a la expectativa de una pronta aprobación.
