Redacción Voz de la Diáspora
Panamá – Este lunes, todas las instituciones educativas están cerradas, ante la decisión del Ministerio de Educación de preservar la seguridad de estudiantes y docentes.
Desde el pasado viernes, los principales sindicatos y organizaciones de la sociedad civil anunciaron la continuación de fuertes protestas este 23 de octubre en todas las provincias.
También, la Universidad de Panamá (UP), cuya sede capitalina es escenario tradicional de manifestaciones y bloqueos a la céntrica Avenida Transístmica, anunció la suspensión de las clases presenciales este lunes y martes, y recomendó a las facultades implementar las aulas virtuales en esas fechas.
Gremios magisteriales, como la Asociación de Profesores, convocaron a asambleas generales temprano en la mañana en puntos claves de la capital y el resto de las provincias, para definir acciones, entre ellas los cierres totales de avenidas y de varias localidades.
Los colectivos exigen se derogue el pacto suscrito entre el Ejecutivo y directivos de la filial de la trasnacional canadiense First Quantum, declarado inconstitucional en 2017, años después de que en 2009 el Centro de Incidencia Ambiental presentara un recurso en ese sentido.
Más de 15 días llevan las marchas y concentraciones por parte de agrupaciones y movimientos populares, estudiantiles y ambientalistas, algunas de ellas con saldo de heridos luego del uso de gas pimienta y balines por parte de unidades antimotines de la Policía, especialmente en las cercanías de la Asamblea Nacional.
Además, la Coordinación Nacional de Estudiantes Universitarios señaló en un mensaje que no permitirán que la UP, considerada la Conciencia Crítica de la Nación, sea utilizada por sus autoridades cómo instrumento cómplice de este gobierno y la compañía extranjera First Quantum en la venta de la autodeterminación.
Muchos de los asistentes a las protestas visten de negro, ondean la bandera nacional, suenan ollas y vitorean consignas como “No a la minería”, “Sí a la vida”.
Este domingo, incluso un grupo de protestantes llegó hasta el edificio en el que reside el presidente de la República, Laurentino Cortizo, para gitar consignas como: “Y tú que estás mirando, también te están robando”.
Por su parte, obreros de la construcción salieron a las calles, para pedir la derogatoria de la Ley 406 de 2023.
“Queremos decirle al país que estamos listos para la pelea en la calle”, informó Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), sobre las acciones de fuerza que seguirán en la jornada.
En apenas cinco días, el proyecto de ley 1100, que adopta el contrato con modificaciones entre el Estado y Minera Panamá, fue presentado al legislativo y aprobado en tres debates, devuelto al Ejecutivo, sancionado, enumerado (ahora es la Ley 406 de 2023) y publicado en Gaceta Oficial, lo que ha suscitado indignación en organizaciones sociales.
“Llegó la hora en la que el pueblo pone orden en el país”, dijo Saúl Méndez, también excandidato presidencial en 2019, al llamar a masivas manifestaciones en las calles para derrotar el contrato con Minera Panamá.
