Redacción Voz de la Diáspora
Autoridades de Costa Rica y Panamá acordaron seguir con las medidas conjuntas para enfrentar el impacto social del creciente flujo migratorio a través del Tapón del Darién, tras un aumento sin precedentes de los cruces de personas que en su mayoría van en ruta hacia Estados Unidos.
Como parte de los esfuerzos el presidente costarricense, Rodrigo Chaves visitará Panamá y viajará a Darién a principios de octubre para conocer la situación migratoria en la zona que a diario recibe a miles de extranjeros que cruzan la selva desde Colombia donde aseguran son atacados por asaltantes, y traficantes de personas, muchos mueren durante la travesía.
El ministro panameño de Seguridad Pública, Juan Pino, y su homólogo costarricense, Mario Zamora encabezaron el sábado una gira por las comunidades fronterizas, después sostuvieron una reunión para dialogar sobre migración irregular.
Como resultado del encuentro Zamora dijo que acordaron “intercambiar información de alto nivel de inteligencia migratoria” sobre la situación que afecta a los dos países que son utilizados como ruta de paso hacia Norteamérica por los migrantes que atraviesan el Tapón del Darién, que es considerado una de las zonas más inhóspitas, y peligrosas del continente.
Tras la reunión los funcionarios anunciaron la visita del presidente Chaves como “una forma de elevar al más alto nivel” los esfuerzos para enfrentar el impacto de la crisis migratoria.
Pino explicó que también buscan alternativas para reducir el impacto que causa la presencia de cientos de migrantes varados en Paso Canoas en la frontera común entre Panamá y Costa Rica que se quedan en la zona por días o semanas porque no consiguen el dinero para pagar el transporte para seguir su viaje al norte.
En lo que va de 2023, unos 390,835 migrantes han ingresado a Panamá a través de Darién en su mayoría venezolanos, además de chinos, ecuatorianos, haitianos, colombianos y transnacionales de distintos países, según las autoridades panameñas.
Panamá considera que por los niveles que ha alcanzado la situación es una crisis humanitaria y de seguridad, que obligó al país centroamericano a pedir ayuda internacional, endurecer las acciones contra los traficantes de personas, y reforzar las deportaciones con antecedentes penales.
