Por Milagro Orellana
Los Ángeles, California—La Alianza Nacional TPS (NTPSA) y siete personas beneficiarias del Estatus de Protección Temporal (TPS) presentaron este lunes una demanda contra la administración del presidente Donald Trump, tras la cancelación de dicho estatus para ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Nepal.
La acción legal, interpuesta en una corte federal, acusa al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de haber terminado ilegalmente el TPS para estos tres países, afectando a decenas de miles de personas que han vivido legalmente en Estados Unidos por años. La terminación para Honduras y Nicaragua fue oficializada esta mañana, dos días después de la expiración de su última extensión. En el caso de Nepal, el DHS finalizó el estatus el pasado 6 de junio.
Según datos de la Alianza, más de 60,000 personas están directamente afectadas, con hasta 26 años de residencia legal en los Estados Unidos en el caso de los beneficiarios hondureños y nicaragüenses, y 10 años en el caso de los nepalíes. Sin embargo, el gobierno estableció un plazo de solo 60 días para que hondureños y nicaragüenses pierdan su permiso de trabajo y estatus migratorio; los beneficiarios de Nepal enfrentarán esa fecha límite el próximo 5 de agosto de 2025.
“Estoy devastado por la decisión cruel de terminar el TPS para Honduras. He estado en Estados Unidos desde los tres años. Trabajo en un hospital, cuidando a pacientes cardíacos. Siempre he hecho las cosas de la manera correcta. Ahora enfrento la posibilidad de perder mi trabajo, la capacidad de cuidar a mi familia y el único hogar que he conocido”, declaró Jhony Silva, uno de los demandantes.
La demanda argumenta que la terminación del programa viola la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), ya que fue basada en criterios políticos preestablecidos sin considerar las condiciones actuales de los países designados. También plantea que las decisiones estarían motivadas por prejuicios raciales, lo cual violaría la Constitución de los Estados Unidos.
“El gobierno no puede fabricar un resultado predeterminado sin cumplir con sus obligaciones legales”, afirmó Jessica Bansal, abogada de la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON), una de las organizaciones que representa a los demandantes. “Quitar el estatus legal a personas que han seguido todas las reglas no solo es cruel, también es ilegal”.
Por su parte, Emi MacLean, abogada de la ACLU del Norte de California, señaló que “la administración Trump ha declarado la guerra al TPS mismo. La secretaria Noem, a través de sus acciones, busca desmantelar la ley que ha brindado alivio humanitario a cientos de miles de personas”.
El equipo legal está conformado por NDLON, las Fundaciones de la ACLU del Norte y del Sur de California, el Centro de Derecho y Política de Inmigración (CILP) de la Facultad de Derecho de UCLA, y Haitian Bridge Alliance.
“Esta administración está obligando a los beneficiarios de TPS—y a sus hijos ciudadanos estadounidenses—a tomar una decisión imposible”, advirtió Ahilan Arulanantham, codirector del CILP. “No pueden regresar de forma segura a sus países, pero aun así se les quita el derecho de vivir y trabajar en EE.UU.”.
Además, la demanda cuestiona la negativa del DHS a establecer un período de transición más largo. Históricamente, cuando un país tenía TPS por más de tres años, se ofrecía una reducción gradual de al menos seis meses, algo que no fue concedido en este caso.
José Palma, coordinador nacional de la NTPSA, aseguró que continuarán la lucha: “Hoy les decimos a nuestros miembros de Honduras, Nicaragua y Nepal—y a toda la comunidad TPSiana—que debemos enfrentar el odio, y debemos hacerlo unidos”.
📊 Infografía | TPS:
