Redacción VDN
Estados Unidos – El Tribunal Supremo de Estados Unidos aprobó esta semana una medida polémica que permitirá a agentes de inmigración reanudar redadas en Los Ángeles basadas en la apariencia física, el idioma que se hable —incluido el español— y el tipo de empleo de las personas. La decisión, tomada por seis votos contra tres, levantó una prohibición previa que impedía este tipo de detenciones, la cual había sido impuesta por tribunales inferiores tras detectar prácticas discriminatorias.
El fallo, emitido mediante el mecanismo de “shadow docket” —una vía rápida que no requiere audiencias completas ni explicaciones extensas—, fue respaldado por la mayoría conservadora de la Corte. En su voto concurrente, el juez Brett Kavanaugh sostuvo que factores como la raza o el dominio limitado del inglés pueden ser “relevantes” para establecer sospecha razonable, siempre que se consideren junto a otros elementos.
Organizaciones civiles y líderes comunitarios calificaron la decisión como un aval al perfilamiento racial y lingüístico. La jueza Sonia Sotomayor, acompañada por Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, señaló en su disenso que la medida “viola la Cuarta Enmienda y legitima la discriminación contra comunidades latinas y migrantes”. Activistas temen que este fallo abra la puerta a redadas masivas y a detenciones arbitrarias de personas, incluyendo residentes legales y ciudadanos estadounidenses.
Autoridades locales, entre ellas el gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, condenaron la decisión y advirtieron sobre sus posibles consecuencias sociales y económicas. “Esto es un ataque institucional contra las comunidades trabajadoras y de habla hispana”, afirmó Bass, mientras que Newsom anticipó que el estado explorará mecanismos legales para contrarrestar la medida.
El caso sigue abierto en tribunales inferiores, pero esta decisión del Supremo permite al gobierno federal, encabezado por el presidente Donald Trump, aplicar de inmediato políticas de control migratorio más agresivas en California y otros estados. Analistas legales señalan que la resolución podría sentar un precedente que impacte futuras políticas de inmigración en todo el país.
