Por Guillermo Mejía
Opinión-La última encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA) confirmó la ausencia de elementos básicos de educación política en el pueblo salvadoreño, en el marco del primer aniversario del Régimen de excepción, herramienta especial que le ha servido al gobierno de turno en la lucha por la conquista de mentes y corazones.
Según el estudio del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), al ciudadano promedio no le interesa la política (44.2%), no sabe qué es la democracia (53.1%), no sabe qué es la justicia (30.8%), no sabe qué son los derechos humanos (54.6%), no sabe qué es el estado de Derecho (54.2%), pero cree que el país es una democracia (63.6%).
Los personeros de la UCA han abundado acerca de la forma en que se estiman en la población las medidas represivas adoptadas por el gobierno de Nayib Bukele, así como el hecho de que existe un apoyo ciego sin que se vislumbre en los ciudadanos una perspectiva crítica sobre las violaciones a los derechos humanos que implican.
A favor o en contra de esos planes de seguridad hay infinidad de noticias, reportajes y artículos de opinión y entrevistas, tanto a nivel local como internacional.
Pero siempre se invisibiliza o margina una visión crítica y holística acerca de la forma en que esa realidad se incuba en el imaginario colectivo, para consuelo de grupos de poder y sus políticos orgánicos que, precisamente, han condenado a la ciudadanía a esa condición de no-ciudadanos en cuanto a sus derechos y deberes cívicos.
Qué se le puede pedir (y se le pudo pedir) a la derecha de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que gobernó durante 20 años, o a la ex guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), durante 10 años, en la reivindicación de los derechos ciudadanos. Lo grave en el caso del Frente es que fue la apuesta de muchos que se frustró en medio de la mediocridad y la corrupción.
Bukele cosecha igual que lo hizo ARENA y el FMLN (partido del que procede y parte de la estructura lo acompaña en Nuevas Ideas). La condición de no-ciudadanía le cae también como “anillo al dedo” en la consolidación del poder, con la ventaja que maneja y saca jugo a los mecanismos de propaganda, en especial en lo digital.
Darle vuelta a esa condición no es tarea fácil. Parte de un esfuerzo integral de los diversos sectores de la sociedad civil y actores políticos alternativos al sistema dominante que sin tregua le apuesten a la ciudadanización de la política, como primer peldaño en la construcción de espacios de democracia participativa.
También, hay que apostarle a la ciudadanización de la comunicación. Es decir, que al menos el sistema mediático potencie el traslado de la información, a la vez que se abra a la pluralidad de voces en el espacio público. El referente debe ser el derecho a la información y a la comunicación de los ciudadanos.
Que la sociedad se apropie de la comunicación con la alfabetización mediática y la alfabetización digital. Receptores educados en el manejo de los medios, además alfabetizados en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y que cuenten con acceso a la red de redes, para ejercer ciudadanía.
En otras palabras, pasar de ser simples consumidores de los espacios mediáticos a constructores de sus propios discursos, aprovechando las posibilidades que ofrecen las TIC.
El comunicólogo boliviano Carlos A. Camacho Azurduy cree necesaria la participación ciudadana en el sistema mediático y para eso hay dos formas concretas: Que los medios brinden una oferta informativa noticiosa de calidad “para que los ciudadanos viertan opiniones argumentadas capaces de establecer diálogos y generar debates públicos para llegar a consensos sobre lo que es común a todos (asuntos públicos)”.
En segundo lugar, “(…) También se debe procurar la educación para la recepción, en el sentido de ayudar a las personas a desarrollar sus propias capacidades y habilidades para apropiarse, usar y re-significar la información y, fundamentalmente, impulsar su capacidad crítica y argumentativa para formarse una opinión propia y sustentada y, de este modo, generar corrientes de opinión dominantes y promover acciones transformadoras”.
Ese binomio comunicación y política es de suma importancia para la sociedad. Los ciudadanos, a la vez consumidores de información, deben contar con las herramientas para acercarse de manera crítica a la oferta mediática, local y global, y la toma de conciencia parte de reconocer la forma en que se da el fenómeno en la realidad.
Para el caso, el mismo estudio de opinión del IUDOP reflejó que en el consumo de medios locales son las redes sociales (46.8%) y la televisión (44.0%) los espacios privilegiados para acercarse a la información sobre lo que ocurre en el país, mientras en menor cuantía están los periódicos digitales (3.9%), las radios (2.9%) y los periódicos impresos (1.8%).
En los datos que arrojó el anterior estudio de opinión de la misma UCA, referido a la opinión sobre el derecho humano al agua, fue la televisión (45.3%) y las redes sociales (42.9%) los espacios privilegiados para informarse por los ciudadanos-consumidores de información. Al cruzar los datos se refleja la forma en que las redes sociales se van imponiendo en el consumo mediático.
Y, obviamente, eso no solamente se da en El Salvador, sino en el mundo entero dado las características de la sociedad del presente. Sin embargo, debe llamarnos la atención de manera particular en nuestro caso, porque las redes sociales son el sitio de acción política privilegiada del gobierno de Bukele.
Eso no quiere decir que descuidan su acción política a través de otros medios. Por ejemplo, en la recepción mediática –según el estudio de opinión sobre el derecho humano al agua- en la TV privilegian a los canales de TCS con el 58.1% de la audiencia y en la radio es la YSKL (33.3%). De todos es conocida la forma en que se potabiliza la imagen del gobierno de Bukele, tanto en la Telecorporación Salvadoreña como en la emisora YSKL.
Mientras tanto, Canal 10 cuenta con el 9.0% de la audiencia, a la vez que Diario El Salvador se lleva el primer lugar con el 32.0% de la audiencia en los medios impresos. Qué no decir de otros medios de comunicación que trabajan en función de la agenda oficial y que en correspondencia son beneficiados con la publicidad gubernamental.
En otras ocasiones he concluido que la gente respira artificialmente dentro de una supuesta atmósfera de libertad, donde están protegidos sus derechos a la información y a la opinión, mientras el gobierno de Bukele se mueve a su antojo en las redes sociales y dentro de un sistema mediático en general muy complaciente.
