
Voz de la Diáspora
El Salvador-Los afectados por el desfalco de más de $35 millones en la Cooperativa Santa Victoria (COSAVI S.A. de C.V.) solicitaron al Fondo Monetario Internacional (FMI) que el caso sea incluido como un requisito dentro del acuerdo de $1,400 millones firmado con el Gobierno de El Salvador.
En una carta dirigida a Raphael Espinoza, jefe de delegación del FMI, denunciaron que los fondos desaparecidos fueron desviados a cuentas personales de altos ejecutivos de COSAVI, con presuntos vínculos al partido oficialista y a funcionarios del gobierno. José Ortiz, vocero de los afectados, calificó el caso como “corrupción desde el Estado” y pidió la intervención del organismo internacional.



Los afectados también señalaron falta de transparencia por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) en el manejo de los ahorros. Aseguraron que hay recursos suficientes para saldar las deudas, pero cuestionaron que no se hayan realizado los pagos correspondientes. Advirtieron, además, que podrían presentar una denuncia contra la superintendenta Evelyn Gracias ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Críticas a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y amenazas legales
La SSF anunció el pasado 6 de enero una nueva fase de devoluciones, prometiendo un máximo de $30,000 por socio, lo que beneficiaría al 80.5% de los afectados. Sin embargo, Ortiz calificó el anuncio como «“engañoso” y denunció que algunos socios aún no han recibido sus aportaciones debido a trabas en el proceso.

Propuesta de los afectados
Entre las demandas planteadas, los afectados propusieron la creación de un fideicomiso que utilice los activos de COSAVI, como bienes inmuebles e hipotecados, para garantizar el pago total de los ahorros. Insistieron en la necesidad de una solución rápida, dado que muchos de los afectados son pequeños empresarios y salvadoreños residentes en el extranjero que no pueden esperar años para recuperar su dinero
Dudas sobre la investigación del accidente aéreo
En otro punto, los afectados cuestionaron la investigación del accidente de helicóptero que costó la vida al presidente de COSAVI. Indicaron que la investigación, liderada por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos, carece de rigor y que debía haber sido conducida por la Administración Federal de Aviación (FAA).
Los afectados exigieron justicia y acciones inmediatas por parte de las autoridades para garantizar la devolución de sus ahorros y esclarecer los hechos relacionados con el colapso de COSAVI, mientras reiteraron su petición de que el FMI ejerza presión para garantizar transparencia en el manejo del caso.