Redacción Voz de la Diáspora
Chile – En un inesperado giro a su política, el Gobierno de Gabriel Boric decretó el pasado lunes 16 de mayo, el estado de excepción en dos regiones del sur del país en donde existe desde hace décadas una disputa territorial entre el Estado chileno, empresas forestales y comunidades mapuche por la supuesta explotación de tierras consideradas ancestrales por indígenas.
«Nuestro Gobierno persigue delitos y los va a perseguir con todo el peso de la ley. Nuestro Gobierno no persigue ideas o declaraciones», dijo el presidente de Chile, Gabriel Boric, en una rueda de prensa.
Puntualmente fue la ministra del Interior, Izkia Siches, quien anunció el estado de emergencia en el país, una medida en la que se permite el despliegue de las Fuerzas Armadas en la “zona macrosur” en donde los uniformados buscarán apaciguar la creciente violencia.
La decisión de enviar personal militar a este delicado conflicto del país, que antes de llegar al poder Gabriel Boric criticó con vehemencia, da autoridad directa al pelotón de custodiar rutas y carreteras en la región de La Araucanía y en las vecinas provincias de Arauco y Biobío, foco de episodios de violencia que se ha incrementado en las últimas semanas.
Con un poco más de dos meses en el poder, el presidente chileno, Gabriel Boric, afirmó este jueves que la decisión de decretar el estado de emergencia busca «garantizar la seguridad de los ciudadanos en todo el territorio nacional y garantizar el abastecimiento y el libre tránsito».
Durante su campaña presidencial, Boric había prometido que, de llegar al Gobierno, él no renovaría el estado constitucional de emergencia que había decretado en octubre del año pasado su antecesor, Sebastián Piñera.
En medio de un reclamo constante de los camioneros y trabajadores forestales para restablecer la seguridad en la zona y sin el respaldo de los ciudadanos a la decisión del Gobierno, el joven presidente de 36 años ha recibido acusaciones de diferentes sectores políticos y sociales de haber “traicionado una promesa electoral”.
Quienes han salido a defender al presidente chileno aseguran que el estado de excepción de esta vez no es una continuación de las medidas tomadas por Piñera, aseguran que es completamente diferente y que el enfoque de la nueva medida es con el fin de preservar las vías públicas sin establecer operativos militares alrededor de las viviendas indígenas.
En el largo conflicto histórico se han registrado, casi a diario, ataques incendiarios a maquinarias, cortes de rutas que entorpecen el abastecimiento del país y daño al bien público.
En los enfrentamientos, un gran número de mapuches han muerto a mano de agentes del Estado, así como decenas de policías y colonos.
En La Araucanía y otras zonas del sur de Chile existe desde hace décadas una disputa territorial. Ahí, el pueblo mapuche, la etnia indígena más numerosa del país sudamericano, reclama las tierras en las que han habitado por varios siglos y hoy pertenecen, en su mayoría, a empresas forestales y grandes complejos económicos que, según los mapuches, explotan bosques milenarios en los que se han sustituido árboles nativos por eucaliptos.
