Redacción Voz de la Diáspora
El Salvador–Tecoluca, San Vicente. En el marco del 45.º aniversario de la masacre de San Francisco Angulo, el Movimiento por la Defensa de la Tierra conmemoró este 25 de julio a las 45 víctimas asesinadas durante el año de 1981 y denunció que la falta de justicia se mantiene vigente, mientras un proyecto de relleno sanitario amenaza un territorio considerado un sitio de memoria histórica.
De acuerdo con la organización, el 25 de julio de 1981, alrededor de las 11:30 de la mañana, efectivos militares y grupos paramilitares ingresaron al caserío San Francisco Angulo, en el municipio de Tecoluca, donde asesinaron a 45 personas, entre ellas niñas, niños, mujeres incluidas embarazadas, adultos mayores y otros civiles. El Movimiento sostiene que la masacre formó parte de la estrategia contrainsurgente implementada durante el conflicto armado y que no se trató de un enfrentamiento, sino de un ataque contra población civil indefensa.
Durante la conmemoración, sobrevivientes, familiares y habitantes de la comunidad reiteraron que manter viva la memoria de las víctimas constituye una forma de resistencia y de reparación frente a décadas de impunidad. Señalaron que, pese al paso del tiempo, las investigaciones no han derivado en sanciones contra los responsables materiales e intelectuales, mientras los archivos militares permanecen sin abrirse completamente y las exhumaciones continúan siendo insuficientes.
Por otra parte, el movimiento afirmó que la deuda del Estado con las víctimas se agrava por la ejecución de un megaproyecto de relleno sanitario promovido, por las empresas CYEMMSAL, filial de CYEMMEX, en coordinación con la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) y la Asociación de Municipios de Los Nonualcos.
Según la organización, las obras se desarrollan sin el consentimiento de las comunidades y ponen en riesgo sitios donde podrían existir osamentas de víctimas de las masacres ocurridas en la zona, además de afectar espacios considerados de alto valor histórico y cultural.
Asimismo, advirtieron que la utilización de maquinaria pesada, la deforestación y las excavaciones representan una amenaza para el bosque nativo, los nacimientos de agua, quebradas y mantos acuíferos que abastecen a San Francisco Angulo y comunidades vecinas. A juicio del Movimiento, convertir este territorio en una zona de disposición de desechos constituye una nueva forma de violencia contra una población que ya sufrió graves violaciones a los derechos humanos.
Ante esta situación, la organización exigió la suspensión inmediata del proyecto, el retiro de la maquinaria y del personal operativo, el cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en 2018, la protección de los sitios de memoria y una evaluación independiente de los impactos ambientales, culturales y sociales.
Además, solicitó una investigación penal por cualquier posible destrucción o profanación de enterramientos y demandó que sobrevivientes, familiares y comunidades participen de manera directa en todas las decisiones relacionadas con el futuro del territorio.
Al concluir la conmemoración, el Movimiento por la Defensa de la Tierra reiteró que la búsqueda de justicia sigue siendo una deuda pendiente y enfatizó que «sin verdad no hay reparación, sin justicia no hay paz y sin respeto a la tierra no existe futuro».
