Redacción Voz de la Diáspora
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador, país centroamericano con altos índices de corrupción, ordenó esta semana no investigar y archivar todos los casos de exfuncionarios públicos que se enriquecieron con fondos del Estado.
La orden es emitida, seis meses después que el expresidente Elías Antonio Saca, condenado a diez años de cárcel por delitos de corrupción, revelara durante el juicio en su contra, que el sistema para desfalcar al Estado salvadoreño fue heredado por sus antecesores y ex aliados del partido derechista ARENA.
De acuerdo a información divulgada por el periódico digital El Faro, el fallo de la Corte Suprema se basa en el artículo 240 de la Constitución del país «que señala que no pueden iniciarse juicios por enriquecimiento ilícito si no es dentro de los diez años siguientes a la fecha en la que un funcionario haya cesado de su cargo».
El expresidente Saca, que llegó al gobierno con el partido de derecha, confesó haber desviado de las arcas del gobierno salvadoreño más de 250 millones de dólares para cuentas personales suyas, de otros funcionarios de su gobierno, entre ellos el secretario de Comunicaciones, el secretario de Juventud y el secretario Privado de la Presidencia y además para cuentas del partido derechista.
Además, el exmandatario dijo que al llegar a la presidencia en 2004, fue Francisco Flores, también expresidente del gobierno y miembro de ARENA, quien le explicó cómo funcionaba el uso de fondos del Estado para actividades personales, para pago de sueldos extras en el gobierno y para el uso del partido de derecha.
Con la orden de la Corte Suprema salvadoreña, todos los funcionarios que han sido nombrados en informes de corrupción, en procesos judiciales similares o en investigaciones abiertas por el Ministerio Público, quedan blindados.
Según el informe anual de la ONG Transparencia Internacional, el país centroamericano realiza pocos esfuerzos por combatir la corrupción y se recibió 35 de 100 puntos en una muestra de países con mayores índices de este problema.
Por ahora, el único exfuncionario que podrá seguir siendo perseguido por delitos de corrupción es el expresidente Mauricio Funes, del primer gobierno del partido izquierdista FMLN, que enfrenta varios procesos judiciales.
Funes está asilado en Nicaragua, desde que supo sobre la investigación en su contra y asegura desde ese país que es inocente y que todo se trata de una revencha de la derecha por haber revelado detalles de casos de corrupción durante el gobierno del expresidente Flores.
El tema de corrupción en el país, definió los resultados de las elecciones presidenciales que se realizaron en febrero pasado. Una de las principales promesas de campaña del presidente electo, Nayib Bukele, fue el combate a la corrupción.
Bukele prometió a sus seguidores, perseguir, investigar y castigar a todos los exfuncionarios corruptos que se hayan enriquecido con fondos del Estado salvadoreño de la derecha y de la izquierda, y además crear una comisión que investigue casos de políticos corruptos.
Sin embargo, el nuevo presidente no podrá cumplir con esta promesa; ya que, con la orden de la Corte Suprema nadie podrá abrir o promover investigaciones por casos de corrupción que hayan ocurrido antes de 2009.
