Por Milagro Orellana
EE.UU. – Organizaciones sociales denunciaron durante manifestaciones en distintos países el aumento de las violaciones de los derechos humanos en El Salvador, y la concentración de los poderes del Estado, así como el intento de algunos sectores de promover la reelección presidencial a pesar que la Constitución de la República lo prohíbe.
Los manifestantes dijeron que la situación que vive el país centroamericano es crítica, sobretodo después que se estableciera el Estado de Excepción prolongado por el gobierno del presidente Nayib Bukele desde marzo pasado.
La Alianza Nacional de El Salvador en Paz, el Colectivo de Derechos Humanos «Herbert Anaya», Salvadoran Alliance for Democracy, la Federación Internacional de Escritores y Escritoras por la Libertad (FIEL), la Diáspora Democrática en Resistencia (DDR) y Remudesa, se concentraron en México, San Francisco, California, y la capital salvadoreña para hacer las denuncias.
Durante la administración del presidente Bukele, que entró a su cuarto año de mandato, de cinco que debe cumplir, el partido oficialista ha tomado control de todos los órganos del Estado, lo que se tradujo en la ausencia de la división de poderes, un aumento de la corrupción, y abusos contra los derechos humanos, según un comunicado conjunto leído por la representante del Comité de Solidaridad con El Salvador en México, Silvia Tenorio.
El pasado 22 de junio el Estado salvadoreño no participó en una audiencia programada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para abordar las acciones realizadas por el gobierno en el contexto del Estado de Excepción que limita los derechos de los ciudadanos desde el 27 de marzo, el cual fue prorrogado en tres ocasiones consecutivas.
Durante ese período se han registrado unas 42 mil capturas, y al menos 58 personas asesinadas mientras permanecían en custodia de las autoridades, según movimientos de derechos humanos.
Las organizaciones demandaron al gobierno el restablecimiento de los derechos constitucionales que tienen las personas a ser oídas y vencidas en juicio, de igual forma exigir a los Órganos de Estado que se respete la legislación vigente que no avala la reelección presidencial por ser “claramente inconstitucional”.
