Redacción Voz de la Diáspora
Tras dos años de la administración del presidente Nayib Bukele (2019-2024) expertos observan un deterioro de la democracia y el retroceso de los logros derivados de los Acuerdos de Paz ante la concentración de poder y la aplicación de leyes inconsultas que amenazan la libertad de expresión, los derechos humanos, y la transparencia ante la falta de rendición de cuentas.
Estas son algunas de las conclusiones del Foro «Bicentenario de El Salvador: Análisis de la situación actual del país», organizado por la Agencia Internacional de Noticias, Voz de la Diáspora, integrada por periodistas salvadoreños en los cinco continentes, que recoge opiniones de periodistas de investigación, analistas, y empresarios.
Los expertos coinciden en que muchas de las decisiones del gobierno han llevado al país a un deterioro acelerado y la pérdida de espacios democráticos ganados a lo largo de las luchas generacionales, y de los Acuerdos de Paz tras el fin de la guerra civil en 1992, y que dieron origen al nacimiento de nuevas instituciones.
“Es una tristeza ver que toda la lucha para traer algo de transparencia a un gobierno ha caído…entonces sí creo que estamos en un momento muy frágil, pronto, muy pronto podemos regresar a los tiempos muy oscuros del pasado, o más oscuros…”, dijo el ex corresponsal de guerra norteamericano y periodista de investigación, Douglas Farah.
Farah, quien cubrió el conflicto armado salvadoreño como corresponsal del periódico estadounidense The Washington Post en los 80s y que conoce bien el perfil del país, ve con preocupación que en solo meses el retroceso es evidente a raíz de las decisiones del gobierno, que a su juicio está caracterizado por un populismo radical que busca a cualquier precio mantenerse en el poder.
Desde su perspectiva El Salvador “está retrocediendo rápidamente”, cerrando espacios que le habrían permitido al país alcanzar una democracia plena a corto plazo, explicó el periodista cuya mayor inquietud es que las estructuras de poder sean permeadas por el crimen organizado ante el desmantelamiento de los procesos de transparencia pública.
Bukele se ha declarado como un luchador contra la corrupción, enfocándose en sancionar casos ocurridos en gobiernos pasados, prometió modernizar el Estado, y reformar la Constitución Política de la República, compromisos que la mayoría de la población dio el visto bueno, de eso dan cuenta las encuestas de opinión que lo ubican como el presidente mejor evaluado.
Sin embargo, tras conseguir el control legislativo en las elecciones de mayo pasado, sus detractores cuestionan la posterior destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y más recientemente que el máximo tribunal aprobara su reelección contraponiéndose a lo que establece la Constitución Política.
Bukele también es acusado de imponer la polémica ley que convirtió al Bitcoin en moneda de curso legal en el país a pesar de la oposición de algunos sectores, que además ven con preocupación que no investigue casos cuestionados durante su mandato.
Ese rechazo se hizo evidente durante la marcha del 15 de septiembre en conmemoración del Bicentenario de la República, durante la cual miles manifestaron su descontento, y evidenció que no toda la población respalda las decisiones del gobierno.
El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Javier Simán dijo que es preocupante el manejo político del gobierno con la imposición de leyes que no consideran la opinión popular, y especialmente la falta de separación de poderes que han tirado al traste 200 años de historia con una democracia que si bien “no es perfecta” mostró avances.
«Nosotros en el sector privado estamos preocupados por esa concentración de poder en los últimos cuatro meses desde que asumió la nueva Asamblea Legislativa, que no vamos a negar fue electa de manera buena, pero están aprobando lo que el presidente les manda sin hacer consultas”, afirmó Simán.
Simán, quien dirige la mayor organización empresarial del país, coincide en el retroceso democrático generado por las decisiones de Bukele, que ha hecho de las redes sociales un aliado para difundirlas.
«Nos están retrasando prácticamente en 100 años», explicó Simán, quien considera que cada día se vulneran los derechos humanos de la población.
El empresario salvadoreño explicó que las libertades individuales están en juego, y que mientras eso pasa será difícil que los inversionistas apuesten por una plaza donde las reglas de juego no son claras.
“Si no hay independencia judicial no puede haber prosperidad, porque nadie se arriesga, nadie invierte en un negocio, al final la gente se empobrece”, agregó.
Bajo las críticas
Para el abogado constitucionalista, Enrique Anaya, aunque la democracia sea incipiente e insuficiente es injustificable destruir las bases de la misma bajo el pretexto de limpiar el país de la corrupción, además de restringir el derecho que tiene la población de disentir frente a las políticas del gobierno.
Anaya considera que El Salvador por ahora está gobernando por un régimen populista sin ideología que irrespeta las garantías constitucionales.
“No tengo dudas que posiblemente exista algo que termine con El Salvador, convirtiéndolo en un estado criminal”, explicó.
Si bien cree que todavía no ha llegado a los ataques físicos directos contra los detractores más allá del acoso en redes sociales, observa algunas señales de preocupación «que podrían indicar que estamos en los pasos iniciales de una represión”, aseguró Anaya.
El analista dijo que en ese contexto se vuelve todavía más peligrosa “la toma del sistema judicial” como parte de la estrategia que impulsa el presidente Bukele para controlar todos los órganos del Estado.
Recordó que el gobierno pasó de tener control de la Corte Suprema de Justicia a principios de la actual legislatura a intervenir la Fiscalía, y más reciente establecer la ley que ordena la salida de jueces mayores de 64 años, y magistrados de segunda instancia con 30 años de servicio.
Por su parte la directora del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas», Laura Andrade reconoció que figuras como Bukele logran llegar al poder debido a los vacíos en el ejercicio de la democracia, sumado a la desconfianza popular contra los partidos tradicionales que gobernaron en el pasado.
Andrade explicó que hubo modelos económicos que desencadenaron injusticia social, y desigualdad, siendo la muestra más clara los miles de salvadoreños fuera del país, la mayoría empujados por las dificultades económicas, según estudios de opinión.
Se estima que unos 3.5 millones de salvadoreños están en el extranjero ante la falta de oportunidades en su tierra natal.
Andrade explicó que a pesar de los avances, la democracia es más que emitir el voto, requiere aspectos como una institucionalidad con bases fuertes, un ciudadano con capacidad de exigir rendición de cuentas, y garantizar un buen ejercicio del poder.
Agregó que El Salvador tenía básicamente un sistema híbrido con ciertos aspectos vinculados con la democracia, ya que a pesar de los Acuerdos de Paz que representaron la reconstrucción del país luego del conflicto armado, arrastraba elementos autoritarios, y vestigios de las dictaduras.
Andrade aseguró que en ese punto los pocos elementos democráticos para garantizar la institucionalidad del país no fueron del todo funcionales porque no hubo disponibilidad por parte de los políticos de respetar las instituciones que son claves para el desarrollo.
Se lamentó que esas instancias están en camino de ser eliminadas a través de nuevas leyes, «básicamente la visión es crear una sola entidad, que controle todo», explicó.
La analista dijo que es importante destacar que Bukele tenía prisa para cumplir con un cronómetro en términos de calendario electoral que le permitió llegar rápido a la presidencia.
Bukele tenía claro que había un descontento ciudadano en crecimiento contra los partidos tradicionales, y fue habilidoso para posicionarse de tal forma que la población pensó que podría ser “la burbuja” de oxígeno que necesitaba el sistema político para un cambio positivo, dijo Andrade.
Si bien todavía se mantiene como el presidente mejor calificado, esa aprobación no es homogénea, ya que la población ha comenzado a entender algunos de los errores del gobierno como el bloqueo a la información, la práctica del nepotismo imponiendo a allegados y parientes en los puestos de poder, y el ataque a las instituciones democráticas, agregó,
Andrade recordó que el descontento popular contra algunas de las decisiones de Bukele va en aumento, lo que se refleja por ejemplo en las protestas de los últimas semanas, y el rechazo a leyes como la del Bitcoin considerada “inconsulta” ya que según los estudios del IUDOP, 7 de cada 10 salvadoreños piden a los diputados que sea derogada.
Entre otras decisiones, Bukele anunció recientemente que duplicará de 20 mil a 40 mil los efectivos del ejército salvadoreño, lo que suma a la lista de elementos que podrían estar encaminando a El Salvador a un régimen dictatorial, de acuerdo a organizaciones internacionales.
