Por Luis Alberto López
El Salvador – La madrugada de este miércoles, 11 de enero de 2023 fueron detenidos por orden de la Fiscalía General de la República (FGR) seis personas, excombatientes de la guerrilla del FMLN, hoy habitantes de la comunidad Santa Marta, del municipio de Victoria, departamento de Cabañas, por presuntos delitos cometidos durante el pasado conflicto armado. Habitantes y organizaciones de Derechos Humanos denuncian las detenciones y la consideran “venganza política”.
Según la FGR, el 22 de agosto de 1989, sujetos que se autodenominaban comandantes de la guerrilla del FMLN irrumpieron en una vivienda del cantón Santa Marta, Cabañas, privaron de libertad a una señora y la trasladaron a un campamento donde la torturaron y le quitaron la vida, la víctima a quien señalaban de colaborar con el ejercito fue María Inés Alvarenga, de quien hasta la fecha se desconoce dónde quedaron los restos.
Durante la intervención se realizaron 6 allanamientos en las viviendas de los imputados. Los capturados son: Pedro Antonio Rivas, Teodoro Antonio Pacheco, Alejandro Laínez García, Miguel Ángel Gámez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Fidel Dolores Recinos Alas, este último fue conocido por el seudónimo de Raúl Hércules, exprimer comandante de la Resistencia Nacional, una de las organizaciones de la guerrilla, que también fungió como exdiputado del FMLN y funcionario en el Ministerio de Gobernación.
En su cuenta de redes sociales el Fiscal General Rodolfo Delgado escribió sobre este caso “Después de décadas, nosotros estamos logrando una verdadera JUSTICIA. No nos vamos a detener”.
Por su parte lideres de la comunidad Santa Marta y pertenecientes a la Organización ADES señalan en un comunicado de prensa que “Todo este entramado pone en evidencia la construcción de un caso en forma exprés cuya finalidad real es atacar a la comunidad Santa Marta y a la Asociación ADES atacando a sus líderes”.
Agrega el comunicado que, “les parece indignante y sospechoso que a casi 31 años del fin de la guerra civil en El Salvador y a más de 40 años de atrocidades cometidas contra la población civil de Santa Marta, donde se cometieron incontables violaciones a los Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad, el Estado salvadoreño no fue capaz de judicializar un solo caso, hoy, cuando dicen actuar lo hacen para revictimizar a la misma comunidad en algo que parece a todas luces una venganza política”. Dice el comunicado de prensa.
Agrega la organización que espera el respeto a los detenidos, un proceso apegado a la ley y llaman a la opinión pública nacional e internacional a estar vigilantes de este caso.
