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Gunayala, ejemplo panameño de soberanía indígena y protección climática, enfrenta riesgos ante presiones extractivas, según nuevo informe global

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El reporte destaca a Panamá por su modelo de gobernanza indígena en Gunayala, pero advierte sobre amenazas crecientes en la región
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Redacción Voz de la Diáspora

Ciudad de Panamá- . Un informe publicado hoy por la Alianza Global de Comunidades Territoriales (GATC), Earth Insight, la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB) y otras organizaciones lideradas por Pueblos Indígenas y comunidades locales, revela una presión industrial sin precedentes sobre los territorios de estos pueblos en Mesoamérica. De acuerdo con el análisis, 18,7 millones de hectáreas (17%) de estas tierras se encuentran dentro de concesiones mineras, mientras que las amenazas vinculadas al petróleo y gas, el narcotráfico, la tala y el desplazamiento forzado continúan en aumento.

En el caso de Panamá, el informe resalta a Gunayala, un territorio que este 2025 celebra 100 años de autonomía indígena, como modelo global de sostenibilidad, gobernanza ancestral y protección de la naturaleza. Sin embargo, el informe también advierte que estos logros no están garantizados.

Gunayala: gobernanza indígena al servicio del planeta

El sistema de autogobierno gunadule demuestra que es posible sostener simultáneamente a los pueblos y a los ecosistemas mediante economías basadas en la naturaleza, prácticas colectivas y conocimiento tradicional. Las comunidades gunas han protegido sus tierras con protocolos culturales y ecológicos propios, gestionando de forma efectiva el turismo sostenible, la conservación del bosque y su soberanía cultural.

Además de Gunayala, el informe destaca otras experiencias:

  • Guatemala, Petén: gestión comunitaria de 480.000 hectáreas con deforestación casi nula y generación de ingresos sostenibles.
  • México, Sierra Norte de Puebla: restauración ecológica impulsada por mujeres y jóvenes, con logros en banca comunitaria y suspensión de concesiones gracias a acciones legales.

La autonomía de Gunayala, construida durante un siglo de lucha y organización, podría verse amenazada si no se refuerzan los derechos territoriales y se previenen las presiones extractivas latentes que ya afectan a países vecinos.

El reporte, titulado Territorios de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales en la Primera Línea: Mapeo de amenazas y soluciones en las mayores selvas tropicales del mundo, ofrece un completo análisis espacial de la presión que ejercen las industrias extractivas sobre los Pueblos Indígenas y comunidades locales que protegen bosques esenciales en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, junto con propuestas de soluciones. El estudio combina análisis geoespacial, datos comunitarios y estudios de caso. Hace parte de una evaluación global que examina amenazas en la Amazonia, la Región del Congo, Indonesia y Mesoamérica. En conjunto, estas regiones son el hogar de 35 millones de personas que resguardan 958 millones de hectáreas de bosques tropicales.

Mesoamérica es un corredor estratégico que conecta a las Américas, donde bosques tropicales, montañas, costas y arrecifes convergen en una de las regiones más ricas del planeta en biodiversidad y cultura. Estos territorios también son hogar de una gran diversidad de Pueblos Indígenas y comunidades locales cuyas tradiciones, sistemas de gobernanza y prácticas de cuidado han mantenido el equilibrio de los ecosistemas durante siglos. Hoy ese equilibrio está bajo asedio. Un futuro justo y sostenible depende de reconocer nuestro liderazgo y garantizar los recursos necesarios para proteger el patrimonio vivo de Mesoamérica, no como un favor, sino como una responsabilidad compartida con el planeta”, afirma Levi Sucre Romero, líder de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques.

Los principales hallazgos del informe revelan una crisis que atraviesa toda Mesoamérica:

  • La minería concentra la mayor amenaza: 18,7 millones de hectáreas (17%) de tierras de Pueblos Indígenas y comunidades locales se encuentran bajo concesiones mineras, lo que representa la presión extractiva más extensa de la región.
  • Presiones de petróleo y gas: 3,7 millones de hectáreas de territorios indígenas enfrentan amenazas relacionadas con concesiones de petróleo y gas, incluidas áreas costa afuera que ponen en riesgo ecosistemas marinos críticos.
  • Sierra Norte de Puebla (México), un territorio bajo asedio: las concesiones de petróleo y gas abarcan el 20% de las tierras forestales comunitarias, y las concesiones mineras cubren el 14% de los territorios de Pueblos Indígenas y comunidades locales. Cerca de dos tercios de las tierras del ejido Cruz de Ocote están dentro de concesiones mineras con planes de desarrollar minas a cielo abierto. Además, en Sierra Norte de Puebla, más de 90 concesiones mineras sobre 113.000 hectáreas en 31 municipios amenazan los bosques comunitarios.
  • Nicaragua registró la mayor pérdida de bosque primario del mundo el año pasado: 78% de esa pérdida ocurrió en la Reserva de Biosfera Bosawas, hogar de la comunidad indígena que en 2001 llevó el primer caso histórico de derechos territoriales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Camino a la COP30

Publicado en vísperas de la COP30 en Brasil, el informe busca influir en la agenda climática global, demostrando que los derechos territoriales son inseparables de las metas climáticas y de biodiversidad. A pesar de décadas de lucha, la demarcación territorial sigue siendo críticamente insuficiente en la región.

El documento se basa en la Declaración de Brazzaville y articula cinco demandas urgentes:

  1. Reconocer los derechos territoriales.
  2. Garantizar el consentimiento libre, previo e informado.
  3. Financiamiento directo a comunidades.
  4. Protección de la vida de defensores.
  5. Integración del saber indígena en políticas globales.

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