Por Milagro Orellana
San Francisco, CA – Una jueza federal en San Francisco ordenó este jueves suspender la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 60 mil inmigrantes provenientes de Honduras, Nepal y Nicaragua, medida impulsada por la administración del expresidente Donald Trump. El fallo ofrece un respiro legal a los beneficiarios, muchos de los cuales han residido en Estados Unidos durante más de dos décadas.
La decisión judicial, emitida en el caso NTPSA II v. Noem, detiene temporalmente la terminación del TPS hasta que se celebre una audiencia sobre los méritos del caso, programada para el 18 de noviembre de 2025. De no haberse dictado esta resolución, los beneficiarios de Nepal habrían perdido su estatus legal y permiso de trabajo en cinco días, mientras que los de Honduras y Nicaragua enfrentarían esa misma pérdida el 6 de septiembre.
Foto: Alianza Nacional del TPS.
“La libertad de vivir sin miedo, la oportunidad de la libertad y el sueño americano. Eso es todo lo que los demandantes buscan”, escribió la jueza Trina Thompson al comenzar su opinión legal.
Sandhya Lama, demandante nepalí y madre beneficiaria de TPS, celebró la resolución:
Esta victoria significa seguridad, esperanza y la oportunidad de seguir construyendo nuestras vidas aquí. Estamos unidas, agradecidas y decididas a seguir luchando por un futuro permanente en este país que llamamos hogar”.
La mayoría de los afectados han vivido legalmente en Estados Unidos durante más de 10 años en el caso de Nepal y más de 26 años en los casos de Honduras y Nicaragua. Sin embargo, las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) les habían otorgado apenas 60 días para resolver su situación migratoria, el plazo mínimo permitido por la ley.
Jessica Bansal, abogada de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), denunció las implicaciones humanas de la política migratoria de Trump:
“La decisión de su gobierno de quitar el estatus legal a decenas de miles de personas con TPS afecta a comunidades enteras. Muchos de ellos han criado hijos ciudadanos estadounidenses, fundado negocios y trabajado como pastores, enfermeros y líderes sindicales”.
La jueza Thompson concluyó que existen indicios de que la terminación del TPS fue impulsada por motivos discriminatorios y no por una evaluación objetiva de las condiciones en los países de origen.
“El fallo permitirá que las personas con TPS reciban el debido proceso que merecen,” afirmó Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Políticas Migratorias de la UCLA. “Estos inmigrantes han contribuido durante años a sus comunidades en EE.UU., y ahora podrán defender sus derechos”.
Teófilo Martínez, hondureño beneficiario de TPS y miembro de la Alianza Nacional TPS, consideró el fallo como un triunfo colectivo:
“Esta decisión fortalece nuestra lucha y reafirma nuestro derecho a permanecer en el único hogar que muchos hemos conocido. Seguiremos organizándonos por protecciones permanentes y contra la separación de nuestras familias”.
Por su parte, Emi MacLean, abogada de la ACLU del Norte de California, remarcó que el intento de desmantelar el TPS “de forma agresiva e ilegal” por parte de la administración Trump no quedará sin oposición.
Los demandantes en este caso están representados por un equipo legal conformado por la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), las Fundaciones ACLU del Norte y Sur de California, el Centro de Derecho y Políticas Migratorias (CILP) de la Facultad de Derecho de UCLA, y la Haitian Bridge Alliance.
Foto: Alianza Nacional del TPS.
La orden judicial representa una victoria clave en la batalla por los derechos de decenas de miles de inmigrantes que han hecho de Estados Unidos su hogar.
