La Casa Blanca se pronunció por la situación de seguridad y el régimen de excepción en El Salvador

Estados Unidos se pronunció ante lo que ocurre en El Salvador, que debido a la crisis de inseguridad decidió implementar un régimen de excepción

La Casa Blanca, urgió al país del Triángulo Norte y a sus fuerzas de seguridad que observen y protejan los derechos de todas las personas

Por Voz de la Diáspora

Para Estados Unidos, lo que ocurre en la nación centroamericana es preocupante y sostiene que el régimen de excepción debe rescindirse tan pronto como lo permita la situación de violencia. La administración de Joe Biden pidió que se respeten los derechos humanos de todos los ciudadanos de      El Salvador.

El Salvador cumple 11 días bajo el régimen ordenado tras una preocupante escalada de asesinatos que cobró la vida de más de 70 personas en solo un fin de semana. El presidente, Nayib Bukele, se ha comprometido a no ceder a las presiones de las pandillas y mantener las acciones represivas el tiempo que sea necesario.

Estados Unidos se pronunció ante lo que ocurre en El Salvador, que debido a la crisis de inseguridad decidió implementar un régimen de excepción, medida que ha sido calificada por muchos como antiderechos por la detención de personas que no tienen vínculos con pandillas.

Las capturas masivas y el encierro total para los pandilleros detenidos han recibido fuertes críticas por parte de diferentes organizaciones pro derechos humanos, como HRW (Human Rights Watch) y Amnistía Internacional.

La Casa Blanca, urgió al país del Triángulo Norte y a sus fuerzas de seguridad que observen y protejan los derechos de todas las personas, entre ellas las que son detenidas durante los operativos en zonas asediadas por las pandillas.

Recientemente, Bukele advirtió a las pandillas que si incrementan los homicidios en el país les quitarán la comida de las cárceles, donde se encuentran muchos de los cabecillas de estos grupos delincuenciales que tienen vilo a la ciudadanía.

El régimen de excepción se aprobó gracias a la amplia mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa de El Salvador y tiene una duración prevista de 30 días. La medida significa la suspensión de los derechos constitucionales, entre ellos el de la defensa durante el proceso judicial y la inviolabilidad de las telecomunicaciones.

Además se endurecieron las penas carcelarias por pertenecer a grupos terroristas y los delitos cometidos serán castigados con prisión desde 10 hasta 60 años, de acuerdo a la gravedad del delito, incluyendo a menores de edad.