Redacción Voz de la Diáspora
El Salvador—La crisis del sistema de pensiones en El Salvador vuelve a estar en el centro del debate, luego de que la calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P Global) advirtiera que la Cuenta de Garantía Solidaria se está agotando debido a la elevada deuda que el Estado mantiene con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Según el organismo, desde 2023 el Gobierno no ha pagado ni un solo centavo de lo que adeuda, confirmando así la fragilidad del sistema.
Los ahorros de los cotizantes se dividen en dos cuentas: «la individual, que recibe el 65% de las aportaciones y sirve para pagar pensiones, y la de Garantía Solidaria, que capta el 35% restante y cubre pensiones cuando la cuenta individual se agota. De esta última, el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) entidad estatal obtiene préstamos mensuales a cambio de emitir Certificados de Obligación Provisional (COP), utilizados para financiar las pensiones de más de 80 mil jubilados del antiguo sistema público, así como complementos de pensiones mínimas y de quienes migraron al sistema privado en 1998.», destacó el economista César Villalona.
De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), «entre abril de 2023 y junio de 2025 las AFP prestaron al ISP $2,480 millones, un promedio de $92 millones mensuales. Esta práctica ha incrementado la deuda del Estado con los fondos de pensiones, que pasó de $5,806 millones en 2019 a $10,877 millones en 2021, equivalente al 80% de los recursos administrados por las AFP», detalló Villalona.
El economista también explica que «aunque la responsabilidad de pago recae en el ISP, la institución carece de ingresos propios, por lo que será el Ministerio de Hacienda el que eventualmente deba responder, ya sea mediante aumentos de impuestos o recortes de gasto público. El riesgo es aún mayor porque la emisión de COP no tiene límites y podría estarse utilizando para financiar otros gastos estatales no relacionados con pensiones.», afirmó Villalona.
En el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno se comprometió a una reforma previsional destinada a frenar el endeudamiento. Entre las medidas que se barajan están elevar la edad de jubilación (actualmente es de 55 años para las mujeres y 60 para los hombres), aumentar el mínimo de cotización (300 meses) y subir el porcentaje de aporte sobre salarios. Estas reformas, sin embargo, serían lesivas para los trabajadores y no resolverían el problema estructural del sistema, según los expertos.
En contraste, las AFP continúan registrando altas ganancias. «La Superintendencia del Sistema Financiero reporta que las utilidades del sector pasaron de $17 millones en 2022 a $33 millones en 2023 y $36 millones en 2024. Solo en el primer semestre de 2025, las AFP acumularon $19 millones, proyectando un cierre anual de $38 millones», describe Villalona.
Para los especialistas, la salida a la crisis pasa por nacionalizar la administración de los fondos, eliminar el componente de lucro y establecer una reforma tributaria progresiva, que incluya impuestos a los multimillonarios y a las altas rentas, además de recortar el gasto superfluo del Estado. Esto permitiría, aseguran, pagar la deuda, ampliar la cobertura previsional y mejorar las pensiones.
No obstante, señalan que este camino exige voluntad política, algo que hasta ahora no se ha demostrado. «En 2017, durante una conferencia en la Universidad de El Salvador, Nayib Bukele prometió eliminar las AFP y crear un sistema público de pensiones. Seis años después, ocurre lo contrario: las ganancias de las AFP se duplicaron, la deuda del Estado se disparó y los fondos de pensiones se encuentran en riesgo de agotarse», asi lo explicó César Villalona.
