Por Milagro Orellana
Los Ángeles-California– El próximo 10 de diciembre, se cumplen 76 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). Este pacto histórico marcó un hito en materia de derechos fundamentales que deben protegerse universalmente, comprometiendo a los países firmantes de dicha declaración, a respetar y garantizar su cumplimiento.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), «la Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento valioso en la historia de las garantías fundamentales de las personas. Redactada por representantes en distintos contextos legales, culturales y regionales, expuso por primera vez derechos humanos fundamentales.
Sin embargo, las violaciones a estos derechos siguen siendo una problemática mundial. Las guerras, las dictaduras y el abuso de poder han puesto en riesgo las mencionadas garantías fundamentales. Países como El Salvador enfrentan críticas fuertes; y constantes llamados de atención por la reincidencia en estas prácticas.
Denuncias en Estados Unidos
En Estados Unidos, organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado las violaciones a las garantías constitucionales cometidas en El Salvador, especialmente en el marco del régimen de excepción, vigente desde hace 32 meses. Esta situación ha generado mucha preocupación tanto en el ámbito local, como, entre la comunidad salvadoreña en el exterior del país.
Un caso que ilustra lo que se vive en El Salvador, es el de Dagoberto de Jesús Quintanilla, detenido desde hace 24 meses sin información clara sobre los cargos en su contra. Su madre, Marta Quintanilla, ciudadana estadounidense de origen salvadoreño, ha solicitado al Juez Primero del Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado la liberación de su hijo. Marta, quien se desempeña como empleada del sector público estadounidense, viaja cada tres o cuatro meses al penal de Izalco para llevar paquetes a su hijo.
Marta, quien reside en el estado de California, Estados Unidos de América, ha alzado su voz el sábado recién pasado, ante los compatriotas salvadoreños que se presentaron a escuchar la ponencia informativa de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) en la ciudad de Los Ángeles. La organización ha realizado charlas con salvadoreños de la diáspora, universidades y colectivos sociales, alertando sobre las arbitrariedades cometidas contra la población civil en El Salvador.
Naciones Unidas solicita a Socorro Jurídico Humanitario más información sobre el caso de Dagoberto Quintanilla
Naciones Unidas emitió hace tres días un documento oficial dirigido a SJH salvadoreño en solicitando información más información y que de más detalles sobre el caso Dagoberto de Jesús Quintanilla. La petición surge a raíz del caso presentado por su madre, Marta Quintanilla, quien ha denunciado la falta de información sobre su hijo, detenido desde hace 24 meses. La solicitud se enmarca en el compromiso de Naciones Unidas de monitorear y velar por el cumplimimiento del respeto a los derecho humanos.
Impacto internacional y preocupaciones migratorias
En el contexto de políticas antiinmigrantes en Estados Unidos, especialmente tras la elección del ex presidente Donald Trump, surgieron preguntas sobre las garantías ofrecidas por El Salvador para proteger los derechos humanos de las personas deportadas. Ingrid Escobar, directora de SJH, explicó: «Las personas deportadas pasarán por un proceso de investigación y no serán enviadas directamente a sus hogares, sino a penales.»
Además, SJH abordó preocupaciones relacionadas con la seguridad jurídica en la compra de bienes inmuebles. Limitaciones en el derecho de propiedad
El abogado Ramón Rosales, representante de SJH, explicó nuevas disposiciones en El Salvador que regulan las transacciones inmobiliarias superiores a $9,000. Los compradores deben justificar la procedencia de los fondos mediante una declaración jurada ante notario, que será enviada al Ministerio de Hacienda y a la Fiscalía General.
«Si un comprador no puede justificar su inversión, el notario no podrá elaborará dicho documento, de hacerlo, podría enfrentar sanciones como, la suspensión de su licencia profesional. Además, el comprador corre el riesgo de que los inmuebles sean confiscado o expropiado. Este procedimiento violentaría el derecho a la propiedad, garantizado por la Constitución de la República», destacó Rosales.
Las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en El Salvador continúan resonando a nivel internacional, exigiendo respuestas y acciones contundentes que permitan garantizar las libertades fundamentales y el estado de derecho en el país.
El SJH, como parte de la visita informativa-educativa esta semana visitará cuatro universidades en el estado de Chicago todas relacionadas en el área de Derecho y que en la distancia siguen de cerca la situación actual que vive de El Salvador en materia de derechos humanos.
