Redacción Voz de la Diáspora
El Salvador – Según una investigación del periódico estadounidense The New York Times, basada en documentos y entrevistas con más de 30 fuentes, altos funcionarios estadounidenses han acumulado pruebas de pactos secretos entre el gobierno de Bukele y la MS-13, donde la pandilla ofrecía reducir la violencia y apoyar políticamente al presidente salvadoreño a cambio de beneficios y dinero.
Entre los episodios más reveladores está el caso de Osiris Luna, Director General de Centros Penales y Viceministro de Justicia y Seguridad Pública, quien en 2020 acudió a la Embajada de Estados Unidos en San Salvador. Luna aseguró a diplomáticos estadounidenses la existencia de un pacto entre el gobierno y la MS-13, aportando incluso evidencia visual.
Según un cable del Departamento de Estado fechado el 10 de septiembre de 2020 consultado por The New York Times, a Luna lo que le motivaba a brindar esta información era la “incomodidad por las interacciones del gobierno” con la pandilla.
Sin embargo, su disposición a testificar iba acompañada de una condición: solicitó asilo en Estados Unidos y alojamiento de lujo para él y su familia, mostrando hasta qué punto estaba dispuesto a negociar su seguridad personal a cambio de convertirse en testigo.
En la embajada, Luna mostró a los funcionarios con los que habló, capturas de pantalla de cámaras de seguridad, en las que revelaba las reuniones que altos líderes de la MS-13 prófugos de la justicia salvadoreña tenían con otros pandilleros presos, sin embargo, negó tener conocimiento sobre las conversaciones que mantenían.
Pese a la información brindada por Osiris Luna, y antecedido por su reputación de corrupto, los funcionarios restaron credibilidad a sus palabras, ya que según ellos lo único que buscaba era minimizar su participación en las negociaciones con las pandillas.
De igual manera, la investigación del New York Times revela que la decisión de la administración Trump de devolver a cabecillas de la MS-13 a El Salvador, ha generado alarma entre los fiscales estadounidenses que lideraban casos contra la pandilla. Los expertos advierten que esta política podría frustrar años de investigación, ya que los líderes retornados a El Salvador podrían ser protegidos o silenciados por el gobierno de Bukele, en vez de enfrentar la justicia estadounidense o colaborar con las investigaciones.
Mientras tanto, el gobierno salvadoreño ha respondido con represión interna, desmantelando unidades investigadoras y persiguiendo a periodistas y fiscales que han intentado destapar estos acuerdos. Aunque la popularidad de Bukele creció tras la caída de la criminalidad, las organizaciones de derechos humanos denuncian arrestos indiscriminados y una creciente concentración de poder, mientras que Washington, consciente del contexto regional y migratorio, ha optado por una respuesta cautelosa y pragmática.
Estas revelaciones sobre los pactos entre funcionarios salvadoreños y la MS-13, así como el intento de Osiris Luna de negociar su testimonio a cambio de asilo, expone que los intereses de ambos gobiernos pueden estar jugando en contra tanto de la justicia estadounidense como de la seguridad en El Salvador.
