Redacción Voz de la Diáspora
En 2010 Panamá obtuvo el grado de inversión en uno de los mejores momentos de su historia económica, una década después resiente el peso del desbalance fiscal y una deuda pública en ascenso que empeoró por efectos de la pandemia, de ahí que expertos consideran urgentes cambios estructurales para no perder la calificación soberana ventajosa.
Expertos analizaron los desafíos del país durante el foro virtual ¿Qué debe hacer Panamá para no perder el grado de inversión? desarrollado por el grupo Trinka formado por unos 180 miembros de distintos sectores que buscan generar conciencia y sacar a la palestra pública las realidades del país para impulsar cambios.
Panamá viene de registrar crecimientos de doble dígito en la década pasada a retroceder 17.9% en 2020 impactada por el brote de coronavirus que llevó a severas restricciones de movilidad y cierre de fronteras, lo cual se tradujo en menos recaudación por la limitada actividad económica, frente al aumento de los gastos para atender la emergencia.
En ese contexto, Fitch Ratings si bien mantuvo el grado de inversión revisó a la baja la calificación soberana del país desde BBB a BBB- con una perspectiva a negativa que considera el efecto de la pandemia sobre la economía y las finanzas públicas.
El director del equipo de soberanos de Fitch Ratings, Carlos Morales dijo que la decisión refleja “el debilitamiento bastante severo y material de las finanzas públicas” en primer lugar por las disrupciones económicas de la crisis sanitaria que también exacerbó los riesgos fiscales que ya existían antes de la emergencia global.
Morales explicó que previo a la pandemia, Panamá mostraba un gradual pero continuo deterioro de las cuentas públicas con el aumento de la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), y una capacidad limitada del gobierno para aumentar los ingresos.
A raíz de eso también estaba limitado para actuar en casos de choques externos como ocurrió durante la pandemia, por eso mostró un mayor aumento de la deuda pública y el déficit fiscal con respecto a lo que ocurrió con sus pares de la región.
El experto explicó que si bien en 2021 el país podría mantener el déficit fiscal en línea con la Ley, existen “dudas” de que logre a futuro la consolidación fiscal necesaria para estabilizar la deuda pública.
El panorama es complicado para el país, pese a que registra un marcado avance en la apertura económica y proyecciones de crecimiento que rondan el 12% este año mientras avanza con rapidez la vacunación contra la COVID-19, que según las autoridades es clave para recuperar la “normalidad”
El abogado Gian Castillero dice que Panamá deberá tomar acciones prioritarias para no perder el grado de inversión, en las finanzas públicas mostrar con credibilidad que el país tiene la disciplina fiscal necesaria para disminuir la deuda, que durante la pandemia pasó del 48% al 68% del PIB.
En el área de las perspectivas económicas el desafío principal es garantizar que existe un prospecto de crecimiento capaz de sostenerse en el tiempo, especialmente porque mucho del desempeño proviene de la inversión extranjera, y cualquier problema que afecte la reputación del país incide de manera directa en la expansión de la economía.
Eso último significa que Panamá también tiene el desafío de salir de varias listas de países no cooperantes en temas como la evasión fiscal, y el lavado de activos que afectan su credibilidad y reputación internacional.
Salida de listas grises
El economista y ex Secretario General de la Superintendencia de Bancos de Panamá, Gustavo Villa agrega otros aspectos dentro de la estrategia para que el país mantenga el grado de inversión.
Villa afirma que Panamá debe tener un plan fiscal viable y sostenible a corto, mediano y largo plazo dado que la brecha entre ingresos y gastos se ensancha cada vez más.
En 2020 el déficit fiscal se situó en 10%, de ahí que Villa ve necesaria una política de contención del gasto público, sobretodo del corriente, y los que “no tienen efecto multiplicador” dando prioridad al gasto de capital y de inversión que complemente la inversión privada.
“…no solo requiere la contención del gasto, sino también revisar los ingresos del gobierno”, afirma.
Desde su perspectiva Panamá en algún momento tendrá que iniciar una discusión de país para hacer ajustes administrativos que mejoren la recaudación de ingresos, que incluya además la base tributaria, ya que hasta el momento se rige por el principio de territorialidad, que no todos los países ven con buenos ojos.
El empresario y presidente de Trinka, Carlos Ernesto González De La Lastra considera viable que el gobierno entre en un proceso de austeridad obligatorio para dar paso a gastos prioritarios, y obras de infraestructura necesarias que amplíen el radio de acción de la actividad económica.
Sin embargo, cuestionó que a raíz de las presiones políticas que no ven que el país “está entrando en una verdadera crisis” se impulsan actividades orientadas a incrementar el gasto público “sin crear actividades económicas paralelas”.
En tanto Villa también considera urgente que Panamá asegure la salida de las listas discriminatorias, ya que si bien ha hecho cambios legales, el país todavía es cuestionado por la aplicación de leyes para sancionar la evasión fiscal, y el lavado de activos.
Panamá también ha sido cuestionado en puntos como la actualización de la evaluación nacional del riesgos, y la verificación del usuario final, recordó el experto.
Gian Castillero afirmó que salir de las listas es fundamental para el futuro de la plataforma panameña de servicios, pues de alguna manera cuestionan el régimen fiscal del país, lo que es peor que algunas como la OCDE derivan en medidas discriminatorias contra Panamá.
Afirma que el país de 4.3 millones de habitantes está obligado a demostrar a la comunidad internacional que no solo ha adoptado la legislación, sino que tiene la capacidad efectiva de implementarla.
Panamá también debe trabajar para demostrar que posee instituciones de supervisión adecuadas para que el marco regulatorio se cumpla para propósitos internos, y compromisos internacionales en materia de transparencia e intercambio de información, afirmó.
Otro de los desafíos del país está en la necesidad de reinventar la plataforma de servicios para mantenerse competitivo frente a los grandes proveedores globales, lo que significa en parte adaptarse a las nuevas reglas de transparencia, y rendición de cuentas con el apoyo del sector privado.
Una transformación a ese nivel debe priorizar en el desarrollo de la industria turística, el sector logístico y la plataforma de servicios internacionales sobre la base de reconocer que las reglas de juego internacionales cambiaron.
“… tenemos que reinventarnos y redefinirla para que esa plataforma continúe impulsando el crecimiento…”, afirmó.
La visión de Trinka
El presidente de grupo Trinka, Carlos Ernesto González De La Lastra coincide en que Panamá debe reinventarse, adaptándose a las nuevas disposiciones de un mundo globalizado, que le permita potenciar sus ventajas competitivas. “Tenemos que romper paradigmas”, explicó.
De ahí que González De La Lastra ve necesario que Panamá como país siga el ejemplo del sector marítimo que pasó de estar en todas las listas negras de la marina mercante mundial a ser un ejemplo como el mayor registro de naves del mundo con más de 8 mil embarcaciones registradas.
“Es vital que haya credibilidad en nuestras instituciones y estabilidad jurídica y tributaria”, explicó el experto.
Panamá con una economía basada en más del 70% en la prestación de servicios posee una ubicación geográfica estratégica única, y un “hub” que conecta el país por aire, mar y tierra, cuyo elemento clave es el Canal interoceánico que sirve a 144 rutas marítimas en 160 países, y 1,700 puertos alrededor mundo.
A pesar de todas esas ventajas, el país con la capital más moderna de la región de rascacielos y un pujante centro bancario, arrastra un desempleo que superó el 18% en 2020, deficiencias en los sistemas de salud y educación, así como distintos niveles de pobreza y extrema pobreza, principalmente en las zonas rurales y comarcas indígenas, según los expertos.
Para González De La Lastra es un tema de decisión gubernamental que requiere además voluntad, liderazgo y participación ciudadana, abriéndose al talento mundial a través de un sistema de inmigración que mejore la calidad educativa que daría paso a “extraordinarios profesores” de distintas partes del mundo.
