Redacción Voz de la Diáspora
La Policía Nacional de Panamá confirmó el domingo que rechazó una petición del Órgano Judicial para incluir en la lista de la Interpol al expresidente Ricardo Martinelli por su condición de asilado.
«Luego de la revisión legal sobre la solicitud del Órgano Judicial para incluir al expresidente Martinelli en la base de datos de la Interpol, confirmamos que hemos rechazado el trámite de dicha notificación debido a que no se ajusta a los parámetros establecidos por Interpol a partir de 2014 y reafirmamos en el año 2017», dijo la policía en un comunicado en su cuenta de X.
La policía panameña recordó que esos parámetros «…prohiben la emisión de alertas rojas sobre ciudadanos en condición de refugiados o asilados políticos, como es el caso del señor Ricardo Martinelli Berrocal».
Agregó que luego que el gobierno panameño reconoció la condición de asilado político de Martinelli, conforme a las normas y procedimientos establecidos por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) «no resulta viable atender la solicitud de la juez (…), misma que no se ajusta a los protocolos internacionales sobre la materia».
Más temprano, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá dijo que el salvoconducto concedido a Martinelli se hizo con base a convenios de Derecho Internacional, y por lo tanto prevalece sobre cualquier alerta roja de la Interpol.
«Por tanto, ninguna alerta roja establecida por Interpol puede impedir el viaje del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal con el salvoconducto…», según el comunicado de Cancillería en su cuenta de X.
El político deberá viajar este lunes a Nicaragua ya que el salvoconducto vence a la medianoche del 31 de marzo.
El expresidente «puede viajar perfectamente en condición de asilado, a pesar de la existencia de la alerta roja, ya que se dirige al país donde le ha concedido el asilo», detalló la Cancillería.
Martinelli de 73 años ha permanecido por más de un año en la Embajada de Nicaragua en la capital panameña donde se refugió luego que el máximo tribunal de justicia confirmara una condena de más de 10 años por blanqueo de capitales por un caso de corrupción ocurrido durante su mandato.
El exmandatario que ha recibido asilo político por parte del Gobierno del presidente Daniel Ortega, se ha declarado inocente y asegura que es un perseguido político.