Redacción Voz de la Diáspora
Venezuela – Las autoridades venezolanas han sido señaladas por Amnistía Internacional de cometer desapariciones forzadas como parte de una política sistemática de represión contra la población civil, especialmente contra quienes consideran disidentes. Según el informe “Detenciones sin Rastro”, desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 hasta junio de 2025, al menos 15 personas han sido víctimas de desaparición forzada, incluyendo ciudadanos venezolanos y extranjeros. De ellas, 11 siguen desaparecidas, lo que constituye, según el derecho internacional, un crimen de lesa humanidad.
El informe destaca que las desapariciones forzadas suelen ir acompañadas de detenciones arbitrarias, negación de información sobre el paradero de las víctimas y graves violaciones de derechos humanos, como la tortura y la falta de garantías procesales. Las fuerzas de seguridad señaladas como principales responsables son la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Los familiares de las víctimas sufren una incertidumbre constante, recorriendo instituciones sin obtener respuestas sobre sus seres queridos.
Además de venezolanos, las víctimas incluyen ciudadanos de Estados Unidos, Francia, España, Ucrania, Colombia y Uruguay, lo que demuestra que las desapariciones también se utilizan con fines de propaganda y presión política internacional. El gobierno de Nicolás Maduro ha justificado algunas de estas detenciones alegando la existencia de “mercenarios extranjeros” y conspiraciones en su contra, aunque en varios casos las detenciones parecen motivadas principalmente por la nacionalidad de las víctimas o su vinculación con la oposición.
Amnistía Internacional concluye que estas prácticas forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, cumpliendo así los criterios establecidos por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para considerar estos hechos como crímenes de lesa humanidad. La organización exhorta a la comunidad internacional y a la Fiscalía de la CPI a avanzar con las investigaciones y a ejercer presión diplomática para exigir la aparición y liberación de las personas desaparecidas y detenidas arbitrariamente.
Finalmente, el informe recuerda que la desaparición forzada está prohibida por convenciones internacionales y que la impunidad en Venezuela sigue siendo un problema grave. Se insta a los Estados a utilizar todos los mecanismos legales y diplomáticos posibles para investigar estos crímenes y apoyar a la sociedad civil venezolana, que continúa enfrentando represión y amenazas por parte del Estado.
