Redacción Voz de la Diáspora
El Salvador – La Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, aprobó el martes la Ley de Agentes Extranjeros, que impone un impuesto del 30% a las transacciones, desembolsos, donaciones o importaciones en especie que reciban las organizaciones no gubernamentales de cooperantes o financistas extranjeros. Este dinero, según la Ley, será destinado para obras de interés general o social.
Las autoridades dicen que esta nueva normativa busca transparentar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales y que los salvadoreños puedan conocer a los agentes extranjeros que buscan incidir en la opinión pública.
Mientras dirigentes de ONG, críticas al gobierno de Nayib Bukele, aseguran que esta medida tiene como objetivo limitar o aniquilar las actividades de las organizaciones que están en permanente vigilancia a las medidas antidemocráticas que impulsa el actual gobierno.
La Ley fue aprobada con 56 votos a favor y tres en contra, de 60 posibles. La normativa establece que las personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras cuyas actividades en El Salvador son financiadas desde el exterior deben inscribirse por medio de una declaración jurada, en un plazo de 90 días a partir de la vigencia. No hacerlo implicaría que no podrían realizar actividades y se expondrían a multas que irían de US$ 100.000 hasta US$ 250.000, según el decreto aprobado.
La Ley también contempla la creación de un registro que estará a cargo del Ministerio de Gobernación.
Las organizaciones que lo consideren necesario podrán solicitar la no aplicación de esta normativa, que será evaluada por el Gobierno. La exclusión sería por un período de un año prorrogable automáticamente, según la Ley aprobada.
El texto establece que, para la exoneración, las organizaciones deberán brindar información sobre la naturaleza del proyecto, el ente que otorga los recursos y la obra que se ejecutará. No cumplir lo informado al Gobierno es causa suficiente para la cancelación de la exoneración, dice el texto leído durante la Sesión Plenaria.
Con las exclusiones que determine un director nombrado por el Ministerio de Gobernación, las personas naturales y jurídicas que realicen actividades financiadas por extranjeros y sus financistas extranjeros deberán inscribirse en el nuevo Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), que supervisará y fiscalizará sus actividades.
Este nuevo Registro tendrá facultad para solicitar la información que considere sobre los agentes extranjeros a diferentes instituciones y deberá remitir a la Fiscalía General de la República un informe cada seis meses de las actividades de los mismos.
“Es una ley incompatible con la democracia, con el Estado de derecho y con el respeto a los derechos fundamentales de la libertad de expresión, la libertad de asociación (…) Somete a estricta vigilancia gubernamental las actividades de la cooperación y la solidaridad internacional y aunque establece exclusiones los criterios son discrecionales y ambiguos”, dijo la diputada Claudia Ortiz, del opositor partido Vamos.
Los diputados del oficialista partido Nuevas Ideas rechazaron las críticas y aseguraron que la Ley solo busca transparentar los intereses de los donantes.
“Ellos (las ONG) pueden seguir igual y pueden dedicarse a lo que quieran, incluyendo aquellas que sigan queriendo dedicarse a actividades políticas, solo que ahora van a pagar el 30%”, dijo el diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa y miembro de Nuevas Ideas.
