Redacción Voz de la Diáspora
Panamá- La Asamblea Nacional (AN) de Panamá aprobó el miércoles el Proyecto de Ley 641 de 2026, que incorpora al Código Fiscal un nuevo capítulo con reglas de sustancia económica aplicables a entidades de grupos multinacionales domiciliadas en Panamá que obtengan determinadas rentas pasivas del exterior, tales como dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital y rentas inmobiliarias, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La iniciativa agrega un mecanismo de crédito por impuestos pagados en el exterior para evitar la doble tributación y «excluye expresamente del régimen a la marina mercante y a las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, según el comunicado oficial.
«Representa un importante avance para el fortalecimiento del marco tributario y económico del país» con el objetivo de impulsar un marco legal moderno que promueva el crecimiento económico sostenible y fortalezca la competitividad, estabilidad e imagen internacional de Panamá, explicó el MEF.
«Las entidades que no acrediten sustancia económica en Panamá, es decir, que no cuenten con personal calificado, instalaciones adecuadas, toma de decisiones estratégicas y gastos operativos reales en territorio nacional estarán sujetas a una tarifa única y definitiva del 15% sobre la renta neta gravable derivada de dichas rentas pasivas extranjeras», explicó la institución.
La ley también reconoce un tratamiento especial para ingresos derivados de activos intangibles desarrollados en Panamá, tales como patentes, marcas y derechos de autor con el propósito de incentivar la innovación, el desarrollo tecnológico y la generación de valor agregado en el país, afirmó el gobierno.
El Proyecto de Ley moderniza además el concepto de establecimiento permanente conforme a estándares internacionales, incorpora una cláusula antiabuso y refuerza las garantías de confidencialidad y protección de la información tributaria.
La normativa entrará en vigencia a partir del período fiscal 2027 y concede un plazo de 90 días al Órgano Ejecutivo para su reglamentación.
La iniciativa «forma parte de un requerimiento que será evaluado por la Unión Europea (UE) para excluir al país de la lista gris», dijo en un comunicado aparte a AN.
