Redacción Voz de la Diáspora
Panamá – La empresa Industrias Panamá Boston (PABO) se convirtió en la primera en el país en conseguir un certificado internacional de producción de palma aceitera sostenible, tras cumplir con un proceso de auditoría de los procedimientos productivos, gestión del recurso humano, e impactos en el medio ambiente.
PABO opera una plantación de 1,930 hectáreas ubicada en la Provincia de Chiriquí en el occidente del país, que ha sido avalada con el sello y garantía de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible, RSPO (por sus siglas en inglés).
El director general de la compañía, Carlos Ortiz dijo que la empresa, cuya producción en un 90% es exportada, demostró que sus cultivos no impactan los bosques ya que ocupan antiguos potreros, y que con un buen manejo tanto el suelo como la cobertura vegetal y la vida microbiana se ha recuperado.
Ortiz explicó que en general el cultivo de palma aceitera tiene la propiedad de ayudar a la captación de CO2 con cerca 11 toneladas por hectárea de siembra, asimismo es uno de los cultivos que menos agroquímicos requiere, mientras que el aceite puede ser utilizado como materia prima para fuente de energía renovable como biocombustibles.
Agregó que a través del cultivo ambiental y socialmente responsable se genera un impacto económico significativo en la región que alcanza a proveedores y comunidades, además de la generación de empleos que son ocupados en un 85 ciento por trabajadores que provienen de la Comarca Ngäbe Buglé.
El aceite de palma africana (Elaeis guineensis) es el más utilizado en el mundo, de cada diez productos que contengan aceite, siete incluyen aceite de palma, según PABO.
A nivel global el 19,3 por ciento del aceite de palma está certificado, ya que el mercado exige aceite de palma sostenible, que demuestre que la operación cumple con los requisitos legales, que “es económicamente viable, ambientalmente apropiada y socialmente beneficiosa”.
Con ese objetivo la Mesa Redonde sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO) con su sede principal en Malasia promueve el estándar de certificación en principios y criterios, que establece las métricas de cumplimiento.