Redacción Voz de la Diáspora
El Salvador – El 56% de las denuncias recibidas es por cobros excesivos, según estudio realizado por el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) han concluido que esta problemática se debe al cambio de medidores que se realizaron en 2022, porque hizo el cambio, pero no se instaló la válvula desairadora, explicó Verónica Martínez, Asesora Jurídica.
«La falta de instalación de la válvula implica un alto consumo y un incremento en la factura de estos consumidores, tal como establece el artículo 5, literal A, del pliego tarifario, la válvula es un implemento necesario para la medición real del consumo», agregó la investigadora del CDC.
Por lo anterior, ANDA estaría incumpliendo su obligación de informar a los consumidores, de acuerdo al artículo 27, literal C y E, de la Ley de Protección al Consumidor (LPC), de acuerdo a lo revelado en conferencia de prensa.
Otra problemática encontrada, es que ANDA ha realizado cambios en la tarifa aplicada, de residencial a comercial y sin previa notificación. Además, se han encontrado casos de pequeños negocios de subsistencia y se les ha aplicado la tarifa comercial, según lo investigado.
La tercera problemática encontrada es que muchos usuarios presentan afectaciones en el suministro de agua potable, no cae, y si cae, pero de 1 o 2 veces por semana.
En el periodo analizado de octubre de 2022 a enero 2023, encontraron que la mayor problemática que afecta a los usuarios son los cobros excesivos en el servicio de agua potable, explicó el director del CDC Danilo Pérez.
«Como CDC queremos recordar al Estado salvadoreño, que la situación de país a partir de estas anomalías encontradas, se está generando un fuerte impacto en el bolsillo de las y los consumidores», enfatizó el director.
«Para la compra de los 22 alimentos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), se destina del salario mínimo actual del sector comercio el 73.37% y del sector agropecuario el 83.07%, solo para adquirir esos 22 alimentos», explicó el director.
«Además, para el pago de servicios, dentro de ellos el pago del agua, la población destina el 26% y el 38%, de los salarios mínimos del sector comercial y agropecuario, respectivamente», detalló Pérez.
«El tema del agua es uno de los problemas encontrados que está generando mucha presión económica en el salario mínimo», agregó.
En tal sentido llamaron a la Defensoría del Consumidor, actuar en la protección de los consumidores, de acuerdo al Art. 4, Lit. C, i de la LPC, en razón del cambio de medidores que no se dio información a la población y la necesidad de instalar una válvula desairadora.
«Pedimos que, en el marco de la situación económica y la propuesta de Ley del Subsector de Agua Potable y Saneamiento por parte del Ejecutivo, se garantice no aplicar tarifa comercial a negocios de subsistencia como pequeñas tortillerías y tiendas», puntualizó Danilo Pérez, director del CDC.
