Redacción Voz de la Diáspora
Chile – La prueba será semestral y se aplicará al menos dos veces a cada congresista dentro su gestión de cuatro años.
El grupo de 78 congresistas de Chile que fue elegido por sorteo para realizarse una prueba de drogas lo hizo desde este lunes, en el marco de un nuevo reglamento interno que busca prevenir el consumo de sustancias y aumentar los estándares de transparencia en las labores parlamentarias.
Los exámenes -que consisten en una muestra de cabello para detectar restos de cocaína, cannabis, benzodiacepinas, opiáceos o anfetaminas- se realizan en los laboratorios de la estatal Universidad de Chile desde este lunes hasta el 30 de agosto.
Los resultados se tendrán en un plazo de 10 a 15 días y serán públicos, aunque quedarán exentos aquellos congresistas que justifiquen el consumo previamente por temas médicos o terapéuticos.
En caso de que alguna de estas personas dé positivo, y no haya justificado su consumo, se le levantará el secreto bancario para evidenciar que no haya movimientos de dinero injustificables y evitar así delitos relacionados con el narcotráfico. Luego, deberán justificar las transacciones que hayan realizado en un mismo mes superiores a 28.000 dólares y, si no pueden hacerlo, tendrán sanciones de entre el 2 % y el 15 % de su dieta parlamentaria.
«Hay que empezar a legislar sobre este tema. Es importante que nosotros, como empleados públicos, nos tomemos este test en serio, cumplamos con el reglamento», afirmó Rubén Oyarzo, del Partido de la Gente (derecha) y el primer diputado en someterse al examen.
A finales de septiembre, deberá someterse a la prueba el segundo grupo de 77 congresistas restantes (de un total de 155) que no fue elegido en esta primera ronda. La iniciativa, impulsada por la derecha, se aprobó el pasado julio por una amplia mayoría tras casi dos décadas de discusión, aunque parte de la izquierda critica que «vulnera el derecho a la vida privada».
«Si hay parlamentarios que consumen drogas es porque compran drogas, y si compran drogas, pueden ser extorsionados por quienes se las proveen», dijo durante la discusión el diputado Juan Antonio Coloma, del partido conservador Unión Demócrata Independiente (UDI).
Si alguien de las bancadas legislativas se niega a someterse al control tendrá una sanción de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara. La prueba será semestral y se aplicará al menos dos veces a cada congresista dentro su gestión de cuatro años.
