Redacción Voz de la Diáspora
Los Ángeles, California — Documentos presentados ante un tribunal afirman que funcionarios del gobierno de El Salvador informaron a las Naciones Unidas que «facilitaron el uso de la infraestructura carcelaria salvadoreña» por parte de Estados Unidos.
Sin embargo, en esa misma declaración oficial, El Salvador aclaró que «la jurisdicción y la responsabilidad legal de estas personas recae exclusivamente en los EE.UU.». Esta afirmación busca deslindar al Estado salvadoreño de cualquier implicación directa en el manejo legal de los venezolanos deportados el pasado mes de marzo.
El caso genera nuevas preguntas sobre el alcance de la cooperación entre ambos países en materia de seguridad y detención, así como sobre la legalidad y el respeto a los derechos humanos de las personas involucradas bajo custodia internacional. (Consultar el documento en el siguiente enlace).
https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.dcd.280817/gov.uscourts.dcd.280817.47.0.pdf
Asi mismo un juez federal que previamente ordenó al gobierno de Donald Trump facilitar el regreso de Cristian un joven migrante enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador resaltó recientemente un informe de la ONU que fue analizado este lunes.
El informe detalla preocupaciones sobre violaciones a los derechos humanos en dicho centro penitenciario, lo que refuerza las críticas hacia la política migratoria y las condiciones de detención vinculadas a operativos bilaterales entre Estados Unidos y El Salvador.
