Redacción Voz de la Diáspora
Royce Charles Lamberth, juez superior del Tribunal para el Distrito de Columbia, le ordenó a la administración Trump restablecer a la brevedad a la Voz de América VOA, medio de noticias financiado por el gobierno y por servicios de noticias afiliados.
El magistrado determinó que los esfuerzos del gobierno para desmantelar a la VOA y dejar sin trabajo a cerca de 1,350 personas que laboran para ella probablemente fueron ilegales.
Basado en ello, el tejano de 81 años le ordenó a la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales USAGM, restablecer a la VOA y a otros medios.
Además, prohibió impedirles servir como fuentes de noticias “consistentemente confiables y autorizadas”.
“Tomaron medidas inmediatas y drásticas para recortar drásticamente a USAGM, sin considerar sus funciones legales o constitucionales, tal como lo exige el lenguaje claro de la (orden ejecutiva), y sin considerar el daño infligido a empleados, contratistas, periodistas y consumidores de medios de comunicación en todo el mundo.
«Es difícil imaginar una muestra más evidente de arbitrariedad y caprichos que las acciones de los demandados en este caso”, señaló Lamberth. El experimentado magistrado le exigió al gobierno restablecer en sus puestos de trabajo a todos los empleados de inmediato y no reducir su fuerza laboral mientras continúa el litigio para que reactiven sus programas de noticias.
La orden también implica descongelar los fondos de otras cadenas afiliadas, como Radio Free Asia y Middle East Broadcasting Networks.
“VOA ha operado bajo mandato legal y con asignaciones constantes del Congreso durante más de 80 años, y al hacerlo, ha cultivado una audiencia de 425 millones de oyentes que dependen de la producción de VOA, particularmente en zonas del mundo donde la prensa libre no es accesible de otra manera.
Las cadenas han contribuido a la radiodifusión internacional en EE. UU. al depender casi exclusivamente de sus asignaciones anuales del Congreso, que se han mantenido ininterrumpidas durante décadas antes del 15 de marzo de 2025.
No hay indicios de que los demandados consideraran estos intereses de confianza de larga data antes de tomar las medidas radicales en cuestión”, escribió el juez.
