Redacción Voz de la Diáspora
El Salvador – La Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió un dictamen favorable para crear la Dirección de Mercados Nacionales, lo cual centralizará en una sola institución la administración de mercados, plazas, parques y espacios públicos intervenidos por el Estado. Esta ley establece que las alcaldías deberán ceder en comodato, sin ningún tipo de cobro, los inmuebles públicos que hayan sido remodelados o intervenidos por el gobierno. La propuesta fue impulsada únicamente por diputados del partido oficialista Nuevas Ideas, quienes aprobaron la medida tras solo dos reuniones, sin consultar a los municipios ni abordar públicamente los cuestionamientos.
Entre las disposiciones incluidas en la ley está la determinación de que los comodatos tendrán una duración de 50 años y que los municipios no podrán cobrar al Estado por el uso de dichos espacios. Además, se eliminó un artículo que facultaba a las alcaldías a establecer tasas a los arrendatarios de puestos en los mercados. Ahora, todo contacto con los arrendatarios será gestionado directamente por la nueva Dirección, generando incertidumbre sobre cómo se manejarán los pagos y los ingresos municipales derivados de estas actividades.
Diversos concejales y académicos han advertido que esta medida representa un paso más hacia la pérdida de autonomía municipal, al limitar las competencias de las alcaldías y reducir sus fuentes de ingreso. Esta nueva ley se suma a otras acciones del gobierno que han restado funciones a los gobiernos locales, como la eliminación del FODES, la creación de una entidad para la recolección de desechos, y la restricción para aplicar tasas por permisos de construcción.
Una de las mayores críticas al proyecto es la falta de transparencia en el proceso legislativo. Aunque se afirmó que la versión final del decreto contenía cambios, no se explicó públicamente qué modificaciones fueron hechas ni cuál fue el análisis técnico detrás de ellas. Además, se detectaron contradicciones dentro del mismo texto legal, como en el caso del cargo de director ejecutivo, que debe desempeñarse a tiempo completo pero puede ser ocupado ad honorem por funcionarios actualmente activos, lo que genera confusión sobre su viabilidad práctica.
Finalmente, la ley fue aprobada sin corregir estas inconsistencias ni brindar mayor información sobre aspectos fundamentales como la operatividad de la Dirección o la relación con los municipios. La falta de discusión y análisis detallado ha generado preocupación entre sectores académicos y municipales, que consideran que la normativa debilita la institucionalidad local y carece de mecanismos claros de control y rendición de cuentas.
