Redacción Voz de la Diáspora
El Consejo Permanente de OEA, que sesionó este 12 de diciembre, recibió con gran preocupación el reporte sobre la visita de Estados Miembros a la frontera colombo-venezolana.
La Secretaría General de la OEA expresó su más alta preocupación por las noticias sobre la posibilidad de que aviones con capacidad de uso de armas nucleares provenientes de Rusia, se encuentren en territorio venezolano.
De acuerdo a lo expresado por el organismo en un comunicado, esto viola la constitución venezolana y las normas fundamentales del derecho internacional.
Venezuela es Estado parte del Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe: “Tratado de Tlatelolco”, cuyo primer artículo prohíbe el recibo, almacenamiento o posesión de armas nucleares por sí misma o por terceros en su territorio.
“Urgimos a los órganos establecidos en este acuerdo a que adopten las medidas necesarias para verificar el cumplimiento por parte de Venezuela de las obligaciones contraídas, asegurar de que no estamos en presencia de armas nucleares tales como las definidas en el artículo 5 del Tratado de Tlatelolco, y si se constatase la violación de las mismas, lo comuniquen inmediatamente tanto a Naciones Unidas como a la OEA, como lo establece el artículo 21”, detalla el comunicado.
Otro tema relevante en la sesión
Un grupo de trabajo de 12 países advirtió que sigue recibiendo denuncias sobre desapariciones forzadas y secuestros en Nicaragua, pese a que el gobierno de Daniel Ortega asegura haber normalizado la crisis que inició con las protestas del mes de abril.
“La situación en Nicaragua continúa generando gran preocupación, con una falta de acceso continua para observadores confiables de derechos humanos, un aumento de la represión sistemática y una retórica cada vez más hostil del gobierno hacia la población y la comunidad internacional”, indicó el tercer reporte del grupo leído por el embajador alterno de Canadá, Francois Jubinville.
El grupo de trabajo señaló que ha expresado la intención de realizar una consulta nacional, sin embargo el gobierno nicaragüense no ha mostrado disposición para establecer las condiciones que permitan esto.
Los 12 países denunciaron que se continúa negando acceso a un mecanismo especial de seguimiento y un grupo de expertos independientes para Nicaragua, instalados en junio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por su parte, Nicaragua respondió desconociendo al grupo y cualquier medida surgida de su existencia.
La OEA trató la situación de Nicaragua, el mismo día en que el gobierno canceló la personería jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
Además del CENIDH, y Hagamos Democracia, también fueron canceladas las personerías jurídicas del Centro de Investigaciones de la Salud y del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro se pronunció sobre la cancelación de la personería jurídica del CENIDH. “Inaceptable la decisión de la Asamblea Nacional de Nicaragua de anular la personería jurídica de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la sociedad civil como CENIDH y Hagamos Democracia. Silenciarlas es propio del autoritarismo”, afirmó.