Redacción Voz de la Diáspora
La Asamblea Nacional de Panamá iniciará los debates de una propuesta que busca endurecer la ley migratoria, que implicaría entre otras cosas el aumento de sanciones contra quienes “ofendan” a los nacionales y ocupen trabajos exclusivos para panameños, incluso llegar a la deportación, y propone crear una unidad especial para un mayor control de los extranjeros.
El proyecto pretende una regularización cónsona con la realidad del país, sin reñir con las aspiraciones y condiciones de los panameños, según un comunicado de la Asamblea de diputados.
La iniciativa fue presentada por la diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en el gobierno, Zulay Rodríguez, quien se ha quejado del “aumento” de los extranjeros radicados en el país ante lo que considera una flexibilización de las leyes migratorias en la última década como consecuencia de programas de regularización extraordinaria como el llamado “Crizol de Razas”.
Rodríguez aseguró que durante el primer debate presentará un paquete de propuestas de 55 artículos, las cuales contienen aspectos relacionados con extranjeros que han delinquido, con antecedentes penales, y sin solvencia económica.
Asimismo incluirá un glosario para explicar qué cosas la ley consideraría una ofensa contra el país o que pongan en peligro la seguridad, con eso respondería a los cuestionamientos hechos por algunos sectores que se quejan de que la iniciativa no es clara en torno a esos temas.
La discusión de la propuesta se realizará “a puertas abiertas” para dar oportunidad a todos los interesados en el tema a que participen para ampliar, adecuar y mejorar el contenido con lo cual se busca “que no haya desplazamientos (de extranjeros), y los que estén de forma legal no resulten afectados”, afirmó la diputada.
Expertos han mostrado su preocupación por la polémica que se ha generado tras la presentación de la iniciativa que elevó el discurso contra los extranjeros en el país, mientras los empresarios tienen temor que la reforma tal cual está, ahuyente las inversiones extranjeras, que son claves para el desarrollo y crecimiento de la economía panameña.
El proyecto contempla “reglas claras sobre deportaciones y se establece el visado para turistas e inversionistas”, sin embargo, la diputada Rodríguez aseguró que “los (extranjeros) que vienen a invertir económicamente son bienvenidos”, pero aclaró que los indocumentados y quienes “no están contribuyendo” corren el riesgo de ser deportados.
A mediados de julio, el Ejecutivo se distanció de la iniciativa luego que el vicepresidente Gabriel Carrizo asegurara que el nuevo gobierno buscaría establecer una política migratoria como política de Estado, para lo cual se necesitaría acoger distintas iniciativas.
Afirmó luego de un gabinete de ministros, que la meta es crear una política de largo plazo que genere inversiones y defienda los intereses de los panameños, pero sin violar los acuerdos internacionales firmados por el país.
«Lo que buscamos son buenas inversiones y capitales que vengan al país, pero también defenderemos los intereses nacionales, pero con respeto, sin violencia, ni discriminación, ni violando acuerdos internacionales», dijo Carrizo.
Carrizo respondió así a los cuestionamientos generados por la iniciativa de la diputada oficialista que ha reavivado el discurso contra los inmigrantes.
Panamá se ha convertido en un país atractivo para los extranjeros a raíz de la bonanza económica y estabilidad política y democrática que caracterizó la última década, siendo además un paso obligado para miles de cubanos, haitianos y migrantes extracontinentales que buscan llegar a Estados Unidos a través Centroamérica.
Entre 2010 y 2018, alrededor de 106 mil extranjeros obtuvieron residencia en Panamá a raíz de procesos de regularizaron extraordinaria, incluyendo el “Crisol de Razas”, según el Servicio Nacional de Migración.
