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«Son políticas donde las únicas pruebas que valen son las de la policía de la dictadura»

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Abogados y madre de la menor Karla G. consternados ante la resolución emitida por el Juzgado de Menores de Sonsonate. Foto: Cortesía LPG.
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Redacción Voz de la Diáspora.

El Salvador-La joven Karla G. quien perdió a su bebé en detención después de ser arrestada por la policía en la zona occidental de El Salvador en el marco del régimen de excepción que impera en el país centroamericano, fue condenada el viernes a dos años y medio de prisión por el delito de asociación ilícita, informaron abogados de la defensa.

El juzgado de menores de Sonsonate emitió un veredicto condenatorio contra la menor, que de inmediato fue rechazado por familiares, defensores y organizaciones que luchan por los derechos humanos, tras considerar que la decisión judicial carece de fundamento, ya que no existen pruebas que acrediten que la joven participa en grupos al margen de la ley.

Foto: @SJHumanitario

El abogado defensor, Miguel Ángel Anaya, se quejó de que la juez tomó la decisión con base a las declaraciones de los policías que la detuvieron como elemento suficiente para condenarla basándose en una resolución de la Sala de lo Penal que establece que es suficiente la declaración de un policía para determinar la vinculación de una persona a una pandilla.

«Eso es algo que nosotros como defensa no compartimos porque se está violentando el derecho a la presunción de inocencia», afirmó el abogado.

Foto: @SJHumanitario.

Por su parte Socorro Jurídico Humanitario, la Alianza Nacional El Salvador en Paz, y los defensores de derechos humanos internacionales de movimientos como la Diáspora Democrática en Resistencia (DDR) y la Diáspora Unidad SV anunciaron que llevarán el caso a instancias fuera del país hasta lograr la libertad de la joven.

Desde su perspectiva el caso debe ser ventilado en los tribunales internacionales dado que desde la detención hasta el juicio se violó el debido proceso al que tiene derecho Karla G.

Foto: Cortesía @SJHumanitario

Los movimientos pro derechos humanos advierten que las resoluciones emitidas por el Sistema Judicial de El Salvador «son políticas donde las únicas pruebas que valen son las de la policía de la dictadura. El sistema no iba a contradecir a Suecy Callejas (vicepresidenta de la Asamblea Legislativa), ni -al presidente Nayib- Bukele quienes la condenaron primero», agregaron.

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