Redacción Voz de la Diáspora
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), es la herramienta más reconocida y usada internacionalmente para medir la corrupción en el sector público en la mayoría de los países del mundo. El IPC 2024 abarcó 180 países, donde la primera posición es la que expresa menor percepción de la corrupción y la 180 la peor.
En esta edición, El Salvador ocupa la posición número 130, perdiendo 4 posiciones respecto del año 2023 cuando se ubicó en la posición 126; además, obtuvo 30 puntos de un total de 100 posibles, en una escala de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de bajos niveles de corrupción), 1 menos de la calificación obtenida en el año 2023 cuando obtuvo 31 puntos.
El Salvador se encuentra 12 puntos por debajo del promedio de la región americana que es de 42; en Centroamérica está por encima de Guatemala (25), Honduras (22), y Nicaragua (14).
La calificación procede de la información de 7 fuentes de datos, obtenida de diferentes actores públicos y privados.
Esta calificación es consistente con las obtenidas en los últimos 10 años, mostrando una tendencia de retroceso constante en la lucha contra la corrupción. Este deterioro ha sido más evidente en la actual gestión gubernamental donde no se han tenido avances significativos y visibles en esta materia, al contrario, se ha profundizado y normalizado el fenómeno de la corrupción.
En general, durante el período se ha mantenido la cooptación sobre las principales instancias de control como son la Fiscalía General de la República (FGR), la Corte de Cuentas de la República (CCR), el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), entre otras; algunas de éstas reducidas a su mínima expresión.
En materia de acceso a la información pública persiste la reserva de información y la falta de respuesta de los entes obligados, con la complicidad del ente rector, que ha perdido la relevancia e importancia que tuvo en años anteriores, en donde respondía a los intereses de la ciudadanía para acceder a información pública y no de las instituciones obligadas.
Con relación a las compras en la administración pública, persiste un marco normativo disperso que facilita la discrecionalidad y la opacidad. La Ley de Compras Públicas no ha sido capaz de fomentar la centralización normativa y, por el contrario, contribuye a la dispersión y a la exclusión de muchos procesos, sobre todo los que deben seguirse en los denominados proyectos estratégicos.
Además, se excluye la participación ciudadana en la contraloría de los diferentes procesos de compras y contrataciones públicas. Como parte de la falta de controles adecuados, la inobservancia del conflicto de interés y el uso patrimonialista de las instituciones públicas, a inicios del año 2024 se conoció que el Banco Hipotecario prestó $4.9 millones a diputados y funcionarios del partido Nuevas Ideas para la compra de diferentes inmuebles.
En la mayoría de los casos, los montos otorgados no son congruentes con los ingresos reportados por los “beneficiarios”, generando más sospechas sobre el uso abusivo de las instituciones públicas.
Por otro lado, las exclusiones establecidas en la Ley de Compras Públicas permitieron que diputados del partido Nuevas Ideas contrataran a decenas de familiares, modelos, edecanes y camarógrafos como asesores de la Asamblea Legislativa, esto fue revelado en el mes de agosto.
El dinero para pagar a estos “asesores legislativos” proviene de una partida de USD 14,500 dólares mensuales asignada a cada diputado de la institución.
El presupuesto que ronda los USD 10 millones de dólares al año y del cual se hace un uso discrecional.
Por todo lo anterior, Transparencia Internacional – El Salvador, recomienda: Fomentar la independencia de las instituciones de control El fortalecimiento democrático requiere que las instituciones de control funcionen con total independencia y ejerzan un contrapeso a los diferentes órganos del Estado, por lo que se hace necesario que éstas se desprendan de intereses políticos y actúen apegados a las normas vigentes, evitando la intromisión de agentes externos en la toma de decisiones, sean estos funcionarios de alto nivel o los presidentes de los diferentes órganos del Estado.
Garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública Sin acceso a la información y rendición de cuentas es imposible hablar de transparencia, lucha contra la corrupción o promoción de democracia.
Es necesario que el IAIP, como máximo garante de este derecho, cumpla con el rol para el que fue creado y actúe con total independencia, con la finalidad de garantizar que la población acceda a la información en poder de las instituciones y participe activamente en la contraloría de la gestión pública.
Fortalecer mecanismos de transparencia en las compras públicas Para que la Ley de Compras Públicas sea la norma general en la administración pública, debe procurarse que no coexista con otras regulaciones que tienen un carácter especial, por lo cual esta no es aplicable.
Además, se debe fomentar la coordinación interinstitucional para que todas las entidades públicas, sin excepción, hagan uso del portal de compras, actualizándolo permanentemente con la información respectiva, y facilitar el acceso a la información para que la ciudadanía pueda ejercitar la contraloría de las compras que hacen las diferentes instituciones del Estado salvadoreño.
Evitar el uso patrimonialista de las instituciones Las instituciones y funcionarios deben cumplir con los controles establecidos y rendir cuentas sobre el trabajo que realizan, a fin de evitar la discrecionalidad y el conflicto de interés y, de esta manera, hacer un uso eficiente de los recursos. Las instituciones de la administración pública han sido creadas para garantizar a la ciudadanía el goce de sus derechos y mejorar su calidad de vida, no son patrimonio de funcionarios del partido en el gobierno.
Promover las contrataciones abiertas en la Asamblea Legislativa Desarrollar contrataciones abiertas evitará que diputados y diputadas contraten de manera discrecional a personal que no reúne las competencias para desempeñar el cargo.
Este proceso debería ser conducido por el área de recursos humanos que, además, debe de verificar que el salario comprometido sea acorde al cargo y competencias. Esta es una buena práctica, que debería promoverse en todas las instituciones del Estado.
Para Transparencia Internacional es preocupante que los niveles globales de corrupción sigan siendo extremadamente elevados y los esfuerzos por mitigarlos claudiquen, lo que pone de manifiesto la necesidad de aplicar medidas urgentes contra este problema.
François Valérian, Presidente de Transparencia Internacional, señala que: “La corrupción es una amenaza mundial en progreso que no solo socava el desarrollo, sino también es un factor decisivo en el declive de la democracia, la inestabilidad y las violaciones a los derechos humanos.
Combatir la corrupción debe ser una prioridad absoluta y constante de la comunidad internacional y de todos los países. Esto es fundamental para hacer retroceder el autoritarismo y asegurar un mundo pacífico, libre y sostenible.
Las tendencias peligrosas que se relevaron en el Índice de Percepción de la Corrupción de este año destacan la necesidad de responder con medidas concretas ahora a fin de abordar la corrupción global”.
Por lo anterior, desde Transparencia Internacional se insta a los gobiernos a priorizar los compromisos contra la corrupción, reforzando los mecanismos de transparencia a todo nivel y respetando los pesos y contrapesos, reivindicando el derecho a la información y limitando la influencia de grupos de interés privado.
Apostar a sistemas de justicia fuertes, además de contar con instituciones democráticas efectivas e independientes, es indispensable para enfrentar la corrupción.
