Redacción Voz de la Diáspora
El Salvador – Absueltos fueron declarados este viernes por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque a los cinco líderes de la comunidad Santa Marta, en el departamento de Cabañas, acusados por la Fiscalia General de la República (FGR) por el presunto asesinato de una mujer en 1989 en el marco de la guerra civil en El salvador, señalamientos rechazados por la comunidad tras considerar que fue una acusación motivada por ser abiertos opositores a proyectos de la minería metalica en el país.
El sobreseimiento definitivo del caso, deja libres de cargos a los imputados Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez y Pedro Antonio Rivas Laínez.
«La jueza manifestó que la Fiscalía no logró sostener el caso, y que si se hubiera logrado sostener, habría prescrito, y que por eso el fallo era absolutorio», le dijo este viernes a la prensa, el secretario de ADES, Alfredo Leiva. Añadió que deben ir al juzgado a firmar cada ocho días durante el periodo en el que se pueden presentar apelaciones.
“Es un sobreseimiento definitivo, porque se declaró extinta la acción penal por ambos delitos, por asesinato y asociaciones (ilícitas)”, agrego a periodistas la abogada defensora Carolina Herrador.
Esta desición no aplica para otros imputados declarados reveldes por la juez tras no comparecer a ninguna de las audiencias, estos son : José Eduardo Sancho Castañeda (ex firmante de los acuerdos de paz) y Arturo Serrano Ascencio.
La FGR aun no se ha pronunciado si apelara la desición del tribunal, las organizaciones de los lideres comunitarios esperan que el ministerio público no lo haga.
La FGR los acusaba de haber secuestrado y matado en 1989 a María Inés Alvarenga y pedía para cada uno de ellos 36 años de cárcel.
Los ocho eran miembros del Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional (FMLN), entonces guerrilla, y habrían considerado a la víctima, según argumentó la FGR, como “informante del ejército”.
Expertos legales y organizaciones nacionales e internacionales señalaron que su detención y proceso judicial tuvo más que ver con el activismo de cinco de ellos en actividades antiminera.
Los cinco activistas, que son también líderes comunitarios en Santa Marta, quienes habrían denunciado la venta “sospechosa” de tierras y la aparición de presuntos intereses mineros en la zona, ubicada a más de 80 kilómetros de la capital, San Salvador, cuando fueron arrestados el 11 de enero del año pasado y acusados de asesinato y asociación ilícita.
Este sería el primer proceso judicial por un crimen ocurrido durante el conflicto armado de El Salvador (1980-1992) que termina en sentencia: absueltos.
