Por Milagro Orellana
Los Ángeles—Mientras la Corte Suprema de Estados Unidos escucha los argumentos en los casos Trump v. CASA, Inc., Trump v. Washington y Trump v. New Jersey, todos vinculados a la controvertida orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento garantizada por la Enmienda 14, la organización «Rechazar el Fascismo Los Ángeles, California» (Refuse Fascism LA) realizó una conferencia de prensa en el centro de Los Ángeles para manifestar su rechazo.

Sunsara Taylor – Portavoz de Refuse Fascism (Rechazar el Fascismo). Foto/Cortesía.
Durante el evento, la activista Sunsara Taylor tomó la palabra con un mensaje contundente: “Trump no es la ley. Rechazamos la indignación de revocar la ciudadanía por nacimiento. No toleraremos ni aceptaremos el desmantelamiento fascista de Trump del estado de derecho”, afirmó, recordando que la ciudadanía por nacimiento es un derecho constitucional consagrado tras la Guerra Civil.

Taylor denunció que el intento de revocar este derecho mediante una orden ejecutiva representa “un atropello al estado de derecho y un paso hacia una forma de gobierno abiertamente dictatorial”. Enfatizó que la ciudadanía por nacimiento “no es una regla ni una ley común, sino una parte integral de la Constitución”, y advirtió que eliminarla sin un debido proceso constitucional representa un ataque directo a los derechos civiles.

Robert Ring – Abogado litigante jubilado. Foto/Cortesía.
La organización alertó que este movimiento representa un ataque masivo no solo contra los inmigrantes, sino también contra la separación de poderes y el sistema judicial federal.

Mia Yamamoto – Abogada de Defensa penal y activista de derechos civiles. Foto/Cortesía.
Finalmente, expresaron un rechazo rotundo al Fascismo asi mismo hicieron un llamado a la movilización nacional para el próximo sábado 17 de mayo, convocando a todas las personas que rechacen un Estados Unidos fascista a unirse a protestas en todo el país bajo la consigna: “¡Trump debe irse YA!”
El mensaje de la organización resuena en un momento de profunda tensión política y jurídica en el país, mientras se debate el alcance del poder ejecutivo frente a las protecciones constitucionales históricas.