Redacción Voz de la Diáspora
Panamá– Desde la semana pasada, Panamá ha recibido 299 migrantes procedentes de Estados Unidos, originarios de Irán, China, Afganistán y Siria, de esa cantidad más de la mitad han aceptado retornar a sus países de origen, dijo el martes el Ministro de Seguridad, Frank Ábrego.
El presidente José Raúl Mulino había anticipado en su última conferencia que tras un acuerdo con el gobierno estadounidense, 119 migrantes arribaron al país el miércoles anterior, en el primero de tres vuelos con deportados.
Abrego aseguró en conferencia de prensa que acordaron con Estados Unidos recibir un total de 299 personas para que fueran repatriadas, utilizando como puente a Panamá, bajo el financiamiento del país norteamericano a través de dos agencias de Naciones Unidas.
“Hoy le puedo comentar que hay 171 de ellos que han aceptado regresar en forma voluntaria, ya hubo una primera ciudadana de origen irlandés que ya regresó a Dublín”, explicó el funcionario, sin embargo, no hubo una respuesta inmediata de los migrantes a los que la mayoría de medios no han tenido acceso.
Los extranjeros que han permanecido en un hotel capitalino serán trasladados, en una fecha no precisada, a un albergue en Darién, en la misma provincia donde se encuentran las selvas peligrosas del Tapón del Darién transitadas por miles de migrantes que se movilizaban desde Suramérica tratando de llegar a Estados Unidos, un flujo que Panamá logró controlar en los últimos meses.
El ministro explicó que los migrantes deportados por Estados Unidos no están detenidos, sino bajo “protección” del gobierno panameño, pero algunos medios locales e internacionales aseguraron que la condición de los extranjeros no es apropiada.
Esta semana se observó desde las calles cercanas al hotel donde están alojados los migrantes, un gran cartel expuesto en las ventanas con la leyenda: “We are not safe in our countries (No estamos a salvo en nuestros países), en una clara advertencia que no se sentirían seguros en caso de ser enviados a sus países de origen.
Ábrego recordó que el acuerdo establece que la Organización Internacional de Migraciones OIM y ACNUR verificarán las condiciones de los migrantes antes de regresar a sus países, y que aquellos que no deseen retornar deberán buscar un tercer país seguro que esté dispuesto a recibirlos.
“Debemos aclarar que Panamá en ningún momento les va a ofrecer, ni les ha ofrecido asilo a ninguna de estas personas. Igual están en su derecho a través de la oficina nuestra de la ONPAR (Oficina Nacional para la Atención de Refugiados) el poder solicitar el asilo, y si así nuestras autoridades lo deciden, pues con mucho gusto”, explicó el funcionario.
Agregó que “en este instante le puedo decir que la postura nuestra es la repatriación a sus países de origen, tal como está establecido en el preacuerdo que se tuvo con Estados Unidos”.
La Defensoría del Pueblo de Panamá recomendó este martes al Servicio Nacional de Migración emitir una resolución que determine el estatus de los migrantes deportados desde Estados Unidos, mientras se gestionan sus procedimientos de repatriación o reasentamiento.
Tras visitar y entrevistar al grupo en el hotel donde se encuentran alojados, la entidad sugirió que la resolución podría adoptar la figura de una “no admisión a territorio panameño” o una “estadía de corta duración”, en concordancia con la normativa migratoria vigente y el derecho humanitario internacional.
La Defensoría recordó al Servicio Nacional de Migración que el artículo 16 de la Convención sobre Trabajadores Migrantes obliga a los Estados a garantizar protección contra expulsiones arbitrarias y a proporcionar un marco legal claro para las personas en tránsito.
“En cuanto a su documentación, hay algunos que no tenían pasaportes, otros que sí tienen. Sin embargo, la Organización Internacional de Migración y ACNUR están trabajando en los salvoconductos para poder retornarlos a los países, a quienes decidan retornar voluntariamente, y a los otros a terceros países”, dijo Eduardo Leblanc González, defensor del Pueblo de Panamá.
La Defensoría informó que, desde que tuvo conocimiento de la llegada del grupo, activó un equipo técnico para supervisar las condiciones de sus derechos humanos en el lugar donde permanecen hospedados.
Asimismo, instó a las autoridades a garantizar que quienes soliciten refugio sean atendidos por la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados. También enfatizó que el país, en cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, debe proteger a los menores y garantizar su acceso a educación, salud y un entorno seguro.
“Igualmente, se debe proporcionar atención prenatal a las mujeres embarazadas”, subrayó la Defensoría.
Se conoció que este martes en horas de la noche, un grupo de 170 deportados fue trasladado desde el hotel en la ciudad de Panamá a Metetí, en la provincia de Darién para ser repatriados a sus países de origen.
Por otro lado, el Servicio Nacional de Migración informó este miércoles que una ciudadana china, identificada como Zheng Lijuan, se fugó del hotel donde estaban hospedados los 299 migrantes deportados de Estados Unidos.
Según el Servicio Nacional de Migración, la mujer supuestamente recibió colaboración externa de personas que “merodeaban” el área del hotel.
En un comunicado, la institución hizo un llamado a quienes la ayudaron para que reporten a esta persona, pues, de lo contrario, su situación derivaría en un caso de trata de personas o tráfico de migrantes, delitos que constituyen crímenes de lesa humanidad.
Los migrantes deportados llegaron al país en un periodo marcado por las tensiones entre Panamá y Estados Unidos, debido a la amenaza del presidente Donald Trump, de retomar el control del Canal de Panamá, tras alegar que la vía interoceánica está en peligro por la injerencia de China, una acusación que el gobierno canalero ha negado de manera reiterada.
Por otro lado, Panamá se convirtió en los últimos años en una ruta de paso para los migrantes de múltiples países que atraviesan las peligrosas selvas del Tapón del Darién, lo que obligó al gobierno de Mulino a firmar con Estados Unidos un memorando de entendimiento para enfrentar la crisis.
El acuerdo le ha permitido a Panamá repatriar, deportar y expulsar a unos 2.000 migrantes a través de vuelos financiados por Estados Unidos en los primeros meses del gobierno de Mulino que asumió el 1 de julio pasado, de ahí que durante la reciente visita al país del secretario de Estado, Marco Rubio, hablaron sobre la posibilidad de ampliar el acuerdo bilateral.
Mulino también anunció que había propuesto una pista en la provincia de Darién para deportar migrantes, aunque esta decisión generó críticas a su gobierno.
