Redacción Voz de la Diáspora
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, José Salomón Padilla, al considerar que su destitución del cargo en 2013 fue arbitraria y vulneró sus derechos políticos y su derecho a la protección judicial.
El caso, identificado con el número 14.621, fue remitido a la Corte IDH el 16 de marzo de 2026, luego de que la CIDH concluyera que el Estado salvadoreño incurrió en violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Foto: Cortesía tomada de Facebook.
Según los antecedentes, Padilla fue elegido por la Asamblea Legislativa en 2012 como magistrado propietario de la Sala de lo Constitucional para un período que concluiría en junio de 2021. Asimismo, fue nombrado presidente de esa Sala y del Órgano Judicial hasta julio de 2015.
Sin embargo, su designación fue impugnada mediante demandas de inconstitucionalidad que argumentaban que su afiliación partidaria comprometía el principio de independencia judicial. El 14 de octubre de 2013, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional su nombramiento, al considerar que dicha afiliación incumplía el requisito constitucional de «moralidad y competencia notorias», decisión que derivó en su separación del cargo.
En su Informe de Fondo No. 34/23, la CIDH determinó que la afiliación política fue el único elemento utilizado para justificar la destitución, sin que existieran señalamientos sobre una afectación a la independencia o imparcialidad del magistrado, ni cuestionamientos relacionados con su desempeño judicial.
La Comisión sostuvo que la exigencia aplicada no estaba claramente establecida en la legislación vigente, por lo que no era previsible que la afiliación política pudiera impedir el ejercicio del cargo. En ese sentido, concluyó que la medida no cumplió con el principio de legalidad y constituyó una restricción indebida a los derechos políticos del exfuncionario.
Además, la CIDH señaló que el ordenamiento jurídico salvadoreño no contemplaba un recurso efectivo para impugnar la decisión adoptada por la Sala de lo Constitucional, por lo que también consideró vulnerado el derecho a la protección judicial.
Como parte de sus conclusiones, la Comisión declaró responsable al Estado de El Salvador por la violación de los derechos políticos y del derecho a la protección judicial de José Salomón Padilla, establecidos en los artículos 23 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Entre las medidas solicitadas a la Corte IDH, la CIDH pidió ordenar una reparación integral para la víctima, que incluya compensación económica y medidas de satisfacción, así como reformas normativas que garanticen la estabilidad de jueces y magistrados y la existencia de recursos judiciales efectivos frente a decisiones de cese derivadas de declaraciones de inconstitucionalidad sobre sus nombramientos. Ver enlace.
