Ciudadanía aprueba régimen de excepción y una nueva prórroga, según encuesta de opinión de la UCA
Más del 80% de la ciudadanía aprueba el régimen de excepción que entró en vigencia el 27 de marzo del año en curso y ha sido prorrogado por la asamblea legislativa.
Redacción Voz de la Diáspora
El Salvador – Más del 80% de la ciudadanía aprueba el régimen de excepción que entró en vigencia el 27 de marzo del año en curso y ha sido prorrogado por la asamblea legislativa. Sin embargo, el 40% de este grupo opina que las autoridades deben de buscar otras medidas diferentes al régimen para combatir la delincuencia.
Así revela uno de los resultados de la encuesta de opinión pública realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA, realizado entre el 22 de abril y 7 de mayo con una muestra de 1289 encuestas a nivel nacional.
Esta estrategia del gobierno para combatir la criminalidad generada por los grupos delictivos que integran las maras, recibe una aprobación de la ciudadanía del 7.99. Aunque la mayoría de los encuestados aprueba esta medida, quienes se sienten inseguros con el régimen la reprueban con una nota de 5.15.
Este estudio de opinión muestra que 40 de cada 100 salvadoreños desconocían que el Decreto N° 333, que contiene el régimen de excepción, suspende el plazo máximo para la detención administrativa, prohíbe el derecho de asociarse libremente y de reunirse pacíficamente; y faculta a las autoridades pueden intervenir correspondencia y comunicaciones sin orden judicial.
De acuerdo a la encuesta del IUDOP, el 78% de la ciudadanía salvadoreña tiene la percepción que desde que entró en vigencia el régimen de excepción, el 27 de marzo, la delincuencia en el país ha disminuido.
En opinión de la ciudadanía, los diputados deben ampliar el régimen de excepción por más tiempo según el 50.2 % de los consultados, mientras el 44.6% creen que es necesario que las autoridades busquen otras medidas diferentes al régimen de excepción para combatir la delincuencia.
Aunque el 89.2% de los encuestados cree que la suspensión de los derechos constitucionales contemplados en el régimen de excepción ha sido útil para reducir la delincuencia en el país.
