Redacción Voz de la Diáspora/Prensa FMI
Washington, D.C.: El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la segunda y tercera revisión del acuerdo del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) para El Salvador. La finalización de estas revisiones permite un desembolso inmediato de 101,96 millones de DEG (aproximadamente 138 millones de dólares estadounidenses). El acuerdo del SAF para El Salvador, con una duración de 40 meses, fue aprobado el 26 de febrero de 2025, con un acceso total equivalente a 1.033,92 millones de DEG (aproximadamente 1.400 millones de dólares estadounidenses). Las autoridades han autorizado la publicación del Informe del Personal.
La actividad económica ha superado las expectativas, gracias a la mejora constante de la seguridad y la confianza de los inversores, mientras se siguen abordando los desequilibrios macroeconómicos. La consolidación fiscal ha avanzado en general en consonancia con los objetivos del programa, y se cumplieron con creces las metas de reservas y liquidez. Se han logrado avances importantes en las reformas del sector financiero, la transparencia fiscal, las reformas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y la transferencia de la propiedad mayoritaria y el control de la billetera electrónica gubernamental Chivo a un operador privado. Sin embargo, no se cumplieron ciertos criterios de rendimiento, incluso en lo que respecta a la acumulación de Bitcoin, para lo cual se concedieron exenciones en función de las sólidas medidas correctivas y los compromisos renovados.
En adelante, el programa seguirá centrándose en fortalecer la sostenibilidad fiscal, reconstruir las reservas externas, mejorar la resiliencia del sector financiero, impulsar reformas de gobernanza y transparencia, y apoyar un crecimiento más sólido e inclusivo. Tras retrasos anteriores, se impulsarán reformas en materia de pensiones y administración pública para respaldar los objetivos de consolidación fiscal. Se continuarán los esfuerzos para reducir la participación del Estado en actividades relacionadas con Bitcoin, fortalecer la regulación y la gobernanza de los criptoactivos y mejorar la transparencia en cuanto a las tenencias de criptoactivos del sector público. No se prevé ninguna acumulación adicional de Bitcoin más allá de las donaciones documentadas.
Tras el debate del Consejo Ejecutivo sobre El Salvador, el Sr. Dan Katz, Primer Subdirector General y Presidente, emitió la siguiente declaración:
El programa económico de El Salvador, respaldado por el Acuerdo Ampliado del Servicio de los Fondos, ha generado beneficios tangibles y las autoridades mantienen su compromiso al más alto nivel para alcanzar sus objetivos. El crecimiento del PIB real ha superado las expectativas, los resultados sociales han mejorado, las reservas fiscales y externas se han fortalecido y los diferenciales soberanos han disminuido notablemente. Se ha continuado avanzando en la agenda de reformas, aunque persisten desafíos en la implementación en algunas áreas. Ante la creciente incertidumbre externa, la implementación decisiva del programa y una sólida planificación de contingencia siguen siendo esenciales. Mantener el impulso de las reformas, incluso mediante la implementación oportuna de las medidas correctivas acordadas y las reformas postergadas, será clave para salvaguardar la estabilidad macroeconómica, preservar la credibilidad del programa y apoyar un crecimiento sostenible e inclusivo.
La consolidación fiscal sostenida sigue siendo esencial para que la deuda pública siga una trayectoria descendente firme y para salvaguardar el ancla de la deuda. Lograr mayores superávits primarios requerirá mejoras adicionales en la administración de ingresos, una contención continua del gasto y reformas oportunas de las pensiones y la función pública. Además, deben continuar los esfuerzos para fortalecer la gestión de las finanzas públicas, reconstruir las reservas de liquidez del gobierno y mejorar las operaciones de tesorería y gestión de la deuda, incluso para evitar futuros desvíos. Proteger el gasto social prioritario sigue siendo esencial para apoyar una mayor reducción de la pobreza.
«Fortalecer aún más las reservas externas y la resiliencia del sector financiero sigue siendo una prioridad. Debe continuar la acumulación de reservas, junto con los esfuerzos para mantener reservas de liquidez bancaria adecuadas. Mientras tanto, debe reforzarse la supervisión y la regulación de las instituciones financieras, incluidas las cooperativas y las instituciones financieras públicas, para permitir una expansión prudente del crédito privado. La estabilidad financiera también se verá respaldada por mayores reducciones en el vínculo entre el Estado y los bancos y la implementación de las recomendaciones restantes de evaluación de salvaguardias, incluida la modernización de la ley orgánica del banco central. Asimismo, se necesitan esfuerzos continuos para mejorar la calidad y la puntualidad de las estadísticas del sector externo.»
Deben continuar los esfuerzos para fortalecer la gobernanza, la transparencia y el clima empresarial. Las prioridades deben centrarse en mejorar aún más la presentación de informes fiscales y del sector público, fortalecer la transparencia sobre la titularidad real, mejorar la divulgación de las declaraciones de activos y optimizar la eficacia de los marcos de lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La implementación sostenida de estas reformas respaldará la eficacia de las políticas, fortalecerá la rendición de cuentas y aumentará la confianza empresarial. Esto debe complementarse con esfuerzos para abordar las deficiencias en infraestructura y cualificaciones, atraer inversiones, fomentar la resiliencia y sostener un crecimiento más sólido, inclusivo y liderado por el sector privado.
La participación del Estado en las actividades relacionadas con Bitcoin se está reduciendo gradualmente, al tiempo que se refuerzan las regulaciones pertinentes. La transferencia de la propiedad mayoritaria y el control de Chivo a un operador privado es un paso positivo, y la exposición residual del sector público debería eliminarse por completo. No se prevé una mayor acumulación de Bitcoin más allá de las donaciones documentadas. Se debe dar prioridad a mejorar la transparencia y la divulgación de las tenencias de criptoactivos del sector público, así como a perfeccionar los marcos regulatorios, de supervisión y de gobernanza para los proveedores de criptoactivos, incluso mediante enmiendas a la Ley de Emisión de Activos Digitales.
