Redacción Voz de la Diáspora
Washington – La comisionada presidencial Carlina Recinos recibe otra denuncia de corrupción de parte de Estados Unidos, ahora bajo la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos, por presuntamente dirigir “un esquema de corrupción multimillonario de múltiples ministerios que involucraba adquisiciones sospechosas en la construcción de un hospital”.
En noviembre de 2020, meses antes de la destitución del Fiscal General del República (FGR), Raúl Melara y por aviso de la Comisión Internacional contra la Impunidad de El Salvador (CICIES), se allanaron cerca de 11 instituciones del Estado, por 21 expedientes de compras irregulares durante la cuarentena domiciliaría obligatoria. Entre estas estaban el Ministerio de Salud (MINSAL) a cargo de Francisco Alabí, el Ministerio de Agricultura (MAG) con Pablo Salvador Anliker (destituido), en el Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES) con Jorge Aguilar (destituido), el ex diputado de ARENA Gustavo Escalante, en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) con Rosa Delmy Cañas de Zacarías, actualmente embajadora en México, el Ministerio de Hacienda (MH) con Alejandro Zelaya y el presidente de fracción de Nuevas Ideas diputado Christian Guevara.
Asimismo, algunas denuncias fueron mascarillas de mala calidad, caretas con sobreprecios, alquiler de hoteles de familiares de funcionarios, remodelación de despachos públicos con sobreprecios, compras de insumos a ministros de Hacienda y Salud y diputados. Cabe destacar que, sin datos oficiales, organizaciones sociales, universidades y defensores de Derechos Humanos, contabilizan cerca de 215 médicos o personal de primera línea fallecido durante la pandemia por COVID-19, debido a falta de insumos o equipo adecuado, mala calidad o medidas de bioseguridad.
También, ante los múltiples señalamientos de corrupción durante la emergencia mundial, el Gobierno de El Salvador (GOES) declaró toda la información sobre compra de insumos, fallecidos, pacientes, hospitales, procedimientos, medicamentos, compras “sospechosas” de alimentos a empresas mexicanas, pago de bonos, construcción de hospitales, donaciones y cifras oficiales bajo reserva total de 3 a 7 años. Esto incluye compra de vacunas, su aplicación, incumplimiento de sentencias de la ex Corte Suprema de Justicia (CSJ), recomendaciones del Colegio Médico de El Salvador (COLMEDES) y otras.
Compras sospechosas
Es de esta forma, que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró el jueve,9 de diciembre que Recinos era la encargada de ordenar a ministros del gobierno del presidente Nayib Bukele varias compras “sospechosas” relacionadas con la pandemia, incluyendo “millones de dólares en mascarillas quirúrgicas y millones más en batas de hospital de empresas sin vínculos aparentes con la industria de la salud o la fabricación”.
“En lugar de entregar los artículos como un servicio del gobierno, las canastas de alimentos se utilizaron para obtener votos y apoyo en el período previo a las elecciones”, afirmó el informe.
Esto, en relación a la compra de 2.7 millones de dólares en alimentos con “presuntos” sobreprecios en macarrones, atún, arroz, harina de maíz, leche, sopas instantáneas, jugos, aceite, salsas, gelatinas, frijoles, azúcar que fueron realizadas por el ex Ministro de Agricultura, Pablo Salvador Anliker y distribuidas a la población salvadoreña, llamada bolsa solidaria, valorada en 300 dólares cada una por el GOES, pero con un precio estimado real de 50 según expertos. Además, en un movimiento no aclarado, 1,500 de estas bolsas solidarias aparecieron en Durango México en una campaña paraestatal.
Anteriormente, la misma entidad gubernamental estadounidense acusó al director del Tejido Social, Carlos Marroquín, al director de Centros Penales, Osiris Luna, de: “negociar con las pandillas para que los números de homicidios no se elevaran a cambio, obtuvieron beneficios como dinero y prostitutas”. Mientras que el 21 de septiembre de este año, 19 personas salvadoreñas fueron incluidas en la Lista Engel, por presuntos actos de corrupción.
