Redacción Voz de la Diáspora
El gobierno panameño iniciará un proceso de consultas para analizar junto a sectores vinculados al sector transportista un decreto ejecutivo que fue derogado por el presidente, José Raúl Mulino a través del cual se reglamentaba el servicio de transporte público selectivo considerado de lujo que opera a través de plataformas virtuales como Uber e Indriver.
La decisión del mandatario se produce tras opiniones encontradas sobre el decreto que circularon por las redes sociales
“…hace falta un diálogo más amplio para lograr una normativa clara y consensuada, que permita regularizar esta actividad y garantizar un servicio óptimo para los usuarios del transporte selectivo”, reconoció Mulino en un comunicado.
“Ante esta situación y escuchando los aportes de todas las partes, se hace necesario dejar sin efecto inmediato esta disposición y recoger los aportes de todas las partes involucradas para expedir una norma administrativa que regule este servicio de transporte público que es una necesidad y una realidad, principalmente en beneficio de los usuarios”, indica textualmente el nuevo Decreto Ejecutivo N. 11 del 20 de abril.
El documento también ordena “la conformación de una mesa de trabajo” que será presidida por varias instancias del Estado panameño incluyendo varios ministerios, la Autoridad de Transporte Terrestre, y la Dirección General de Ingresos.
Previo a la derogación la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE) alertó que decreto que regulaba las plataformas de transporte ponía en riesgo la libre empresa, limitaba la competencia y frenaba la economía digital.
“Si bien es necesario contar con reglas claras que garanticen la seguridad y la calidad del servicio, este decreto introduce un modelo restrictivo que limita el desarrollo de la economía digital y el emprendimiento”, explicó APEDE.
En ese momento la organización explicó que el nuevo esquema centraliza la supervisión en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), exige integración a prestatarias y restringe a las plataformas a un rol de intermediación tecnológica.
“Este cambio representa un retroceso frente a modelos más abiertos y eficientes porque en lugar de promover la competencia, reproduce estructuras tradicionales con limitaciones en calidad, acceso y eficiencia. Preocupa especialmente que la obligatoriedad de operar a través de prestatarias introduzca barreras adicionales que aumenten los costos, reduzcan la autonomía y afecten la participación de emprendedores”, agregó APEDE.
