Redacción Voz de la Diáspora
El Salvador – Un bufete de abogados salvadoreño, contratado por el Gobierno de Venezuela, ha presentado un recurso de habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia de El Salvador para exigir la liberación de 238 venezolanos deportados por el Gobierno de Trump y encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). La firma, Bufete Grupo Ortega, afirma que no hay fundamento legal para su detención y que la acción busca garantizar sus derechos básicos, como salud, alimentación y comunicación con sus familias. El documento fue recibido por la Sala de lo Constitucional y exige la liberación inmediata de los detenidos.
El abogado Jaime Ortega, representante del bufete, explica que el habeas corpus busca proteger a los venezolanos de lo que considera un «limbo jurídico», ya que no existe un marco legal en El Salvador que justifique su encarcelamiento. Comparaciones con la prisión de Guantánamo han surgido, pero expertos en derechos humanos argumentan que, a diferencia de la base militar estadounidense en Cuba, en este caso no hay un acuerdo que otorgue jurisdicción legal sobre los detenidos. Ortega sostiene que la detención es irregular y destaca el fallo de la jueza Patricia Millet, quien criticó la falta de debido proceso para los deportados.
Las conversaciones entre el Gobierno venezolano y los abogados comenzaron recientemente, involucrando inicialmente a la firma Angostura Caracas, que luego delegó la representación al bufete salvadoreño. Desde Venezuela, familiares de los detenidos han confirmado reuniones con el presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, así como la intervención del bufete en la defensa legal de los deportados. Aunque el Gobierno de Maduro no ha oficializado la contratación de la firma, ha denunciado públicamente el trato recibido por los venezolanos en El Salvador, calificándolo de violación a los derechos humanos.
El futuro del caso sigue siendo incierto, ya que la Sala de lo Constitucional de El Salvador, controlada por el oficialismo desde 2021, podría tardar en responder. Ortega admite que no hay un plazo definido para la resolución del habeas corpus y que aún no han tenido acceso a los detenidos para conocer su situación legal. A pesar de ello, el abogado confía en que las instituciones salvadoreñas respeten el debido proceso y emitan un fallo basado en principios democráticos.
