Honduras refuerza fronteras para combatir pandilleros
El gobierno de Honduras ha movilizado a más de 600 agentes policiales, para reforzar la vigilancia en zonas fronterizas y evitar el ingreso de pandilleros. La medida forma parte de un Plan Integral en materia de seguridad. (Foto archivo/cortesía)
Redacción Voz de la Diáspora
Honduras – El gobierno hondureño envió el domingo a más de 600 policías militares a las zonas fronterizas para combatir pandilleros, en el marco de la emergencia decretada el jueves ante el aumento de las extorsiones.
La Policía Militar de Orden Público (PMOP), creada en el gobierno anterior con efectivos escogidos en batallones para cumplir funciones policiales, abordaron vehículos en la capital con rumbo a las fronteras con El Salvador, Guatemala y Nicaragua.
Los refuerzos apuntan a “evitar el ingreso de miembros de estructuras criminales” provenientes de los países vecinos, sobre todo de El Salvador.
Los refuerzos fueron enviados a los departamentos de Choluteca, Valle (sur), La Paz, Intibucá, Ocotepeque (oeste), Santa Bárbara, Cortés (noroeste), El Paraíso y Gracias a Dios (este).
Los efectivos “se van a mantener por tiempo indefinido” para “evitar el ingreso de estructuras criminales, narcotráfico, sicariato, asociación ilícita, entre otros delitos”, añadió el portavoz.
La presidenta Xiomara Castro declaró el jueves “emergencia nacional”, en el marco de un “Plan Integral para el tratamiento de la extorsión y delitos conexos”, ante quejas de la ciudadanía de un repunte de los delitos durante su gobierno, que se instaló en enero pasado.
La mandataria pidió también a la Policía Nacional el establecimiento de “estados de excepción y suspensión de garantías constitucionales parciales” donde sea necesario.
El director de la Policía, Gustavo Sánchez, anunció que destinará más presupuesto y al menos 20 mil agentes para este propósito.
En El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele ha declarado una “guerra” a las pandillas que ha derivado en la detención de unas 58 mil personas en el marco de un régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial desde marzo pasado.
