Por Alberto Barrera
Pittsburg, CA – Intensas redadas migratorias con muchas capturas en todo el país han generado temor e incertidumbre entre los inmigrantes, por lo que algunos funcionarios y organizaciones civiles se han involucrado para apoyarles y denunciar abusos.
Las acciones migratorias represivas de agentes federales del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y policías locales ha generado protestas en distintos lugares. Senadores, jueces y alcaldes han reaccionado en apoyo a las protestas y algunos han sido detenidos acusados de obstruir la aplicación de la ley.
Ante la alarma por esas circunstancias organizaciones de apoyo a migrantes crearon el proyecto “Desparecido en América, los rostros de la redada migratoria de Trump”, que denuncia muchos de los casos de capturas y desaparecidos.
El proyecto es una colaboración entre Inmigration Hub y Together & Free y han creado un sitio web en el que explican que sus acciones se basan en una contribución con el Proyecto Nacional de Inmigración que se creó hace unas cinco décadas.
Ese Proyecto explica en su página que son “una organización de abogados, defensores y miembros de la comunidad que estamos motivados por la creencia de que todas las personas deben ser tratadas con dignidad, vivir libremente y prosperar”; y que para ello capacitan a defensores, litigan si es necesario, aportan recursos y capacitan a personal que ayuda a inmigrantes.
Según el sitio Desaparecido en América muchas de las familias detenidas, algunas de ellas con estatus legal otras en “un sistema legal fallido”, ha sido deportadas y muchas están desaparecidas. Advierten que “las historias que se presentan no son solo datos o titulares” y asegura que son “casi 700 personas que capturan (en) uno de los momentos más oscuros de la historia estadounidense.”
“Se trata de recordarles a nuestros líderes electos que luchar por nuestra democracia significa luchar por los desaparecidos en Estados Unidos”, enfatiza el informe en el que muestran fotografías y las historias de quienes consideran son víctimas de ese proceso.
Denuncian casos de muchos detenidos, incluyendo el de una jueza que fue arrestada por proteger el debido proceso. La jueza de Milwaukee, Hannah Dugan, fue detenida por “ayudar a un hombre indocumentado y a su abogado a salir de la sala del tribunal cuando agentes federales de inmigración llegaron para detenerlo.” Dugan enfrenta cargos federales y espera su próxima audiencia judicial.
Se destaca el caso del salvadoreño Kilmar Abrego García, deportado ilegalmente a su país de origen y la administración Trump se niega a cumplir con la orden de la Corte Suprema para su regreso a Estados Unidos.
Su esposa, Jennifer Vásquez, que ha exigido que sea devuelto a su familia pues son padres de tres niños, se escondió después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicara por error su domicilio en Maryland.
Kilmar fue enviado al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), una promocionada megaprisión en Tecoluca, ubicada en el centro El Salvador con capacidad para 40.000 reclusos. Su caso es de los más debatidos por el abuso en su contra, pero que ambos gobiernos se niegan a aceptar el error.
También se refieren al caso de ocho estudiantes internacionales de la Universidad de Delaware a quienes les revocaron de sus visas sin previo aviso. Algunos estudiantes salieron de Estados Unidos voluntariamente para evitar la deportación.
Se refieren al caso del alemán Fabian Schmidt, estudiante que pese a tener residencia permanente fue detenido en el aeropuerto Logan en Boston, Massachusetts y fue sometido “a malos tratos y presiones para que entregara su tarjeta de residencia. Se desplomó bajo custodia y posteriormente fue hospitalizado”, publicó el sitio.
Los medios de comunicación también reportan casos alarmantes de las redadas y capturas hasta de funcionarios locales, jueces y de un senador por acudir a tratar de ayudar a los afectados.
La Prensa Asociada (AP) reportó que funcionarios del ICE con ayuda de agentes de la Patrulla de Carreteras en Tennessee realizaron el fin de semana a 588 capturas en Nashville y de las cuales 103 personas “están bajo investigación por violaciones migratorias.”
El alcalde de Nashville, Freddie O’Connell, denunció en Instagram que esos arrestos son “desapariciones”, porque el ICE no reportó quiénes fueron detenidos ni de qué se les acusa. “Hay más en la historia de lo que les cuentan. No están revelando los nombres”, sostuvo.
Un juez federal se negó el lunes a impedir que el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) comparta los datos fiscales de los inmigrantes con ICE con el fin de identificar y deportar a personas que se encuentran indocumentadas en Estados Unidos.
El martes la agencia Reuters informó desde Ginebra que Naciones Unidas tiene informes de que más de 100 venezolanos deportados desde Estados Unidos están detenidos en el CECOT de El Salvador, donde enfrentan posibles violaciones a sus derechos.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), dijo que se desconoce el paradero de otros 245 venezolanos y unas tres decenas de salvadoreños que supone fueron enviados al país centroamericano durante la campaña anti inmigrante del gobierno de Donald Trump.
Medios estadounidenses criticaron al gobierno de Trump por conceder el estatus de refugiados a 59 blancos sudafricanos que salieron de su país por presunta discriminación. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, los recibió el lunes en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles en Virginia y dijo que han sido «objeto de amenazas muy graves, atroces y dirigidas.».
Sin embargo, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, dijo que la persecución del grupo minoritario blanco no era cierta. «Se van ostensiblemente porque no quieren aceptar los cambios que están teniendo lugar en nuestro país de acuerdo con nuestra constitución», dijo Ramaphosa, según la cadena de televisión CNN.
La administración Trump procesa su caso como refugiados, aunque ha suspendido todos los demás reasentamientos, incluidos los casos de personas que huyen de guerras y hambrunas.
Luego de la captura del alcalde de Newark, Ras Baraka, el viernes pasado mientrasasistía a una protesta por la apertura de un centro de detención de ICE en Nueva Jersey,a lo cual miembros del Congreso también acudirían, el DHS advirtió que “no podrán infringir las normas de las instalaciones de detención migratoria.”
“En un mensaje a través de la red social X, insistió en que todos los visitantes deben cumplir con las reglas y procedimientos establecidos por el personal de ICE para evitar incidentes como el que involucró al alcalde de Newark”, publicó el medio digital The Intercept.
En tanto, “una coalición de 20 fiscales generales estatales presentó dos demandas contra el gobierno de Donald Trump por condiciones que, según dicen, vincularon miles de millones de dólares en subvenciones federales a la participación estatal en la aplicación de la ley de inmigración”, publicó la cadena CNN.
Según los fiscales las subvenciones servirían para “el mantenimiento de carreteras, esfuerzos antiterroristas y preparación para emergencias”, y no para aplicar la ley de inmigración.
Según la ley es el Congreso le que autoriza los gastos federales y no el ejecutivo. «El presidente Trump no tiene la autoridad para coaccionar ilegalmente a los gobiernos estatales y locales para que usen sus recursos para la aplicación federal de la ley de inmigración”, dijo el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado que cita la cadena de televisión.
