Redacción Voz de la Diáspora
Panamá enfrenta una semana más de protestas en distintos puntos del país, clases irregulares en escuelas públicas, y la suspensión de labores en proyectos de construcción, tras la decisión de los movimientos populares de seguir en las calles para pedir la derogación de una ley que reformó la seguridad social, y en contra de los acuerdos en materia de seguridad firmados con Estados Unidos.
Los manifestantes acusan al gobierno de aprobar una reforma que afectará el sistema de pensiones en el futuro, y acusan a las autoridades de ceder la soberanía del país a través de la firma de acuerdos sobre seguridad que desde su perspectiva, permiten la instalación de bases militares estadounidenses, y violan el Tratado de Neutralidad relacionado con el canal.
El gobierno ha negado haber cedido territorio a Estados Unidos, y asegura que las reformas a la Caja del Seguro Social es ley de la República, y que no puede ser derogada porque en esencia beneficiará a los cotizantes, sobretodo a los jóvenes con pensiones más altas.
En medio de esta situación, la Universidad de Panamá suspendió durante toda la semana las clases presenciales sustituyéndolas por virtuales, mientras que el Ministerio de Educación llamó al sector docente a retomar las clases en las escuelas públicas dado el impacto negativo que tiene en la calidad de la enseñanza en detrimento de los niños.
“Por favor paren esta violencia”, dijo en conferencia de prensa la Ministra de Educación, Lucy Molinar, tras denunciar que una escuela fue atacada con piedras por desconocidos, y que los docentes que han decidido no apoyar las protestas tienen temor de hacer denuncias formales.
Denuncias de la Comarca Ngöbe Buglé
Más temprano el miércoles, la dirigencia de la Comarca Ngöbe Buglé denunció acciones violentas por parte de la policía en la zona debido a la participación de sus líderes en las protestas contra la Ley 462 que reforma la Caja del Seguro Social, además protestan contra la minería y en rechazo a los acuerdos con Estados Unidos por consideran que violan la soberanía del país.
Los líderes comarcales denunciaron que los estamentos de seguridad ingresaron a las comunidades de Trinidad, El Piro, Ojo de Agua, Tolé, Viguí, El Prado y otras regiones de la comarca, y fueron de casa en casa para intimidar a los habitantes.
La dirigencia indígena lamentó las acciones y pidió el cese de ese tipo de «actuaciones dictatoriales», que abonan al caos y a la inestabilidad en el país, según un comunicado oficial.
En la víspera empresarios de distintas especialidades incluyendo producción agrícola, turismo, transporte se quejaron por el impacto generado en sus negocios y la seguridad el cierre de calles, especialmente en tramos de la Panamericana que comunica a Panamá con el resto de la región.
“Los derechos esenciales, salud, alimentación, educación y libre tránsito no son negociables. Reconocemos el derecho a la protesta, sin alterar el derecho a libre tránsito, educación y salud, acorde a la Constitución Política de la República de Panamá”, advirtieron durante una conferencia de prensa.
Por otro lado a principios de la semana, la empresa estadounidense anunció el cierre parcial de sus operaciones en el país a raíz de las protestas que se han extendido por varios días con pérdidas de 10 millones de dólares ya que a raíz del cierre de calles es imposible mover el banano a los mercados de exportación.
La empresa dijo que tras una primera evaluación de los efectos de la huelga en las fincas bananeras ubicadas en la Provincia de Bocas del Toro procedió a la suspensión definitiva de la producción de una finca completa y áreas adyacentes, según el comunicado oficial.
En esa zona fronteriza con Costa Rica, los empresarios en general también se quejan de la caída del turismo y cancelación de reservas de hotel en medio de las protestas.
El miércoles en la tarde aun no se vislumbraba una solución al conflicto social, ya que mientras el gobierno pide el cese de las protestas, manifestantes marchaban por las principales calles de la capital.
