Por Guillermo Mejía
El consumo de la información periodística por parte de los ciudadanos se ha ido desplazando hacia la producción de contenidos desinformativos que transitan, en especial, en la red de internet bajo la autoría de los llamados “influencers políticos” que no respetan los aspectos ético-morales de la comunicación y responden a intereses políticos determinados.
Cabe aclarar que en ningún momento se desconoce al ciudadano su derecho a la comunicación y a la información, ya que estos no pueden ser patrimonio exclusivo de periodistas o comunicadores, sino el señalamiento advierte sobre la tergiversación que se deriva del manejo desinformativo por parte de sujetos con claros intereses particulares.
De esa forma, encontramos personajes con pasado político caracterizado por el oportunismo y que han medrado de gobiernos anteriores, incluso lo hacen con el presente. Algunos han aparecido como asalariados en entidades estatales, situación que hasta ha causado malestar en quienes apoyan al régimen de turno.
La sinvergüenzada es tal que el propio presidente de la Asamblea Legislativa Ernesto Castro alabó en un principio a los “creadores de contenido” y dijo que las puertas de la instancia estaban abiertas, mientras despotricó contra los periodistas. La crítica a los diputados por parte de algunos “creadores” bukelistas por el despilfarro del grueso de diputados enturbió las cosas.
Es común leer, ver o escuchar a estos “influencers políticos” en espacios digitales y el que algunos también incursionan en medios de comunicación tradicionales, en especial radios y televisoras, empresas que en busca del raiting para atraer audiencias y publicidad prestan sus espacios, para la difusión de desinformación y atropellos a la dignidad de la persona.
Más que un ejercicio de la libertad de expresión y de opinión se trata, pues, del abuso de ese derecho a sabiendas que se siguen agendas políticas particulares donde se confunde la propaganda con la información y la comunicación, fenómeno que se ve acompañado por el “trollismo político” en redes sociales.
La profesora Marta Montagut Calvo, de la Universitat Rovira i Virgili, de España, afirma que en la sociedad contemporánea esa desinformación, como uso de fuentes de dudosa credibilidad, información errónea, deslegitimación de fuentes expertas, entre otros, cabe dentro de lo que algunos autores llaman “la consolidación de una ‘comunicación iliberal’”.
En otras palabras, de acuerdo con la fuente que cita la autora en la web The Conversation, ese tipo de “comunicación iliberal” es una comunicación disruptiva que se junta a la erosión de instituciones como la prensa, las elecciones, la justicia y los derechos ciudadanos. Desdice de la tolerancia, el civismo, capacidad de respuesta y resolución razonada de las diferencias.
Según la profesora española, “Esta comunicación disruptiva tiene tres objetivos: confundir a los ciudadanos, generar solidaridad de grupo en términos de identidad cultural y política y, finalmente, romper el funcionamiento de la esfera pública. Dicho de otro modo, hacer que la ‘verdad’ deje de ser central en la vida pública y sea sustituida por un discurso identitario y tremendamente reaccionario”.
Montagut Calvo ejemplifica ese tipo de discurso en el tratamiento de “influencers políticos” del trágico episodio de la dana en las poblaciones de Valencia, España, donde “Estas figuras usurpan las formas del periodismo y proclaman la defensa de sus funciones normativas, atacando a los medios informativos convencionales desde una perspectiva claramente populista”.
Señala que estos perfiles de pseudoinformadores han infringido sistemáticamente el código deontológico del periodismo, sobre todo en materia de veracidad de sus informaciones y de humanidad, ya que en muchos casos atacaban a colectivos vulnerables o incurrían en delitos contra la privacidad y el honor. Lo confirma un estudio de la Universidad de Valladolid citado.
De todos es conocido el trágico resultado del fenómeno climático en Valencia, España, así como los bulos que se instalaron en el espacio público por parte de este tipo de personajes que de la mano de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han adquirido –y van adquiriendo- una influencia considerable frente a los medios de comunicación tradicionales.
El periodismo en el atolladero
Una de los problemas que afrontan el periodismo en la actualidad se deriva de las estrategias cambiantes de las grandes compañías tecnológicas, entre ellas las redes sociales, los motores de búsqueda y las plataformas de video, según el Digital News Report 2024, que publica cada año Reuters Intitute y la University of Oxford.
“Algunas ahora explícitamente quitan prioridad a los contenidos periodísticos y políticos, mientras que otras han virado el foco de los medios hacia los ‘creadores’, y alientan formatos más divertidos y atractivos (incluyendo el video) para mantener más la atención dentro de sus plataformas”, dice el informe.
Advierten que, si bien estas empresas privadas no tienen ninguna obligación con respecto a las noticias, pero dado que mucha gente obtiene gran parte de su información mediante estas plataformas que compiten entre sí, tales cambios tienen consecuencias no sólo para el sector periodístico, sino también para nuestras sociedades. Hay que agregar la presencia de la Inteligencia Artificial y los chatbots que, sin duda, incrementarán la crisis.
En el caso salvadoreño, podemos ver el tránsito de la recepción mediática tradicional hacia las redes sociales en la encuesta de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, referida al segundo año de la imposición del Régimen de Excepción, que arroja algunos datos acerca del consumo de medios en El Salvador.
En ese sentido, los salvadoreños dicen que se informan sobre el quehacer del gobierno del presidente Nayib Bukele a través de redes sociales (59.6%); televisión (29.5%); periódicos digitales (4.1%); radio (2.5%); periódicos impresos (1.9%); y otros (2.5%).
Hay cambios sustanciales con respecto al consumo de medios que reveló la encuesta de la UCA cuando se cumplió el primer año de la imposición del Régimen de Excepción, en 2023: redes sociales (46.8%); televisión (44.0%); periódicos digitales (3.9%); radio (2.9%); y periódicos impresos (1.8%).
Podemos inferir el espacio que han adquirido –y van adquiriendo- los “creadores de contenido”, en general, y para el caso que nos ocupa, los “influencers políticos”. Y, por supuesto, en esto último, la gravedad de la situación; por cuanto, la desinformación se ha ido enraizando en la sociedad salvadoreña, aunque no es un problema exclusivo, sino está a escala global.
Para contextualizar, el especialista estadounidense Justin Rosenstein afirma que los algoritmos y los incentivos de las redes sociales hacen que lo que se vuelve viral no sean los contenidos electorales legítimos: “Son las mentiras, el miedo, las teorías de la conspiración inventadas y las amenazas de violencia”.
“El resultado es el temor a que haya disturbios sociales en la jornada electoral y los días posteriores. Los intentos de Twitter y Facebook para etiquetar los mensajes más escandalosamente falsos y peligrosos van por detrás de las incansables campañas de desinformación que están deteriorando la fe en la democracia”, agrega.
Rosenstein advierte: “Sé que las redes sociales no tenían la intención de convertirse en vehículos de peligrosa propaganda política. Pero no han hecho los profundos cambios estructurales necesarios, y nosotros, el pueblo, estamos pagando el precio. A pesar de lo que esas empresas quieran hacernos creer, la solución no es contratar a más moderadores o descubrir mejor las informaciones falsas. Esas cosas no son más que tiritas. El sistema está roto. Para que las cosas cambien es necesario transforman las estructuras de gobierno corporativo de las compañías. La solución para salvar nuestra democracia es aplicarles los principios democráticos”. También, urge alfabetizarse mediáticamente y, eso sí, reivindicar el buen y valiente periodismo.