Redacción Voz de la Diáspora
El Salvador – Organizaciones defensoras de derechos humanos este día presentaron a la Asamblea Legislativa y a cada grupo parlamentario un álbum fotográfico que contiene 42 casos de personas que han sido reportadas como desaparecidas sin que a la fecha se haya determinado quién o quiénes son los responsables de esos hechos y cuyas familias han quedado sin recibir una atención adecuada por las autoridades.
El caso más antiguo data del 27 de agosto del 2007 y el más reciente del 13 de septiembre de 2022. En términos geográficos, los casos proceden de los departamentos de San Salvador, La Libertad, Sonsonate y Santa Ana. Las edades de las víctimas se encuentran en el rango de 14 hasta los 45 años de edad.
El documento es parte del esfuerzo ciudadano que busca insistir en la necesidad de una atención adecuada, tanto para la investigación de los hechos denunciados, la ubicación de la persona desaparecida, como para que se proporcione atención psicosocial y reparadas simbólica y material a las familias salvadoreñas ante el daño sufrido.
En tal sentido, se vuelve urgente la necesidad de atender de inmediato y de forma integral a las víctimas y familiares de los desaparecidos. Con la recopilación fotográfica de casos se pretende reiterar el llamado, sobre la necesidad de que el Estado tome medidas concretas ante la problemática.
En el caso de la Asamblea Legislativa, solicitas que:
1) Se cree una comisión especial que evalúe en qué medida las diferentes instituciones con competencia en el tema, están atendiendo adecuadamente los casos.
2) Se ratifique la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, así como adecuar la legislación nacional a los contenidos de ambos instrumentos internacionales.
3) Se apruebe una Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas que, entre otros aspectos establezca un Banco de ADN, regule mecanismos de reparación, restitución de derechos, indemnización y atención integral a las familias de las personas desaparecidas, en materia económica, educación y desarrollo social, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos y de derecho humanitario.
4) Aprobar una Ley de Ausencia por Desaparición, que permita reconocer y dar continuidad a la identidad jurídica de las personas desaparecidas, determinar su representación de interés y preservar sus derechos, a fin de ofrecer mayor certeza jurídica a sus familiares.
5) Se adecue la legislación nacional relacionada al tema de personas desaparecidas, al marco internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
Las organizaciones sostienen que saber la verdad, sobre dónde está cada persona desaparecida, es un derecho de las familias y de la sociedad en su conjunto, por tanto, es importante que la Asamblea Legislativa establezca la normativa necesaria para atender de manera integral esta problemática que fue ignorada por los gobiernos anteriores y que durante años ha traído luto a las y los salvadoreños.
