Universitarios presentan argumentos sobre inconstitucionalidad de contrato minero en Panamá

Redacción Voz de la Diáspora

Panamá – Miles marcharon el miércoles para pedir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acelerar el fallo en torno a una decena de demandas de inconstitucionalidad admitidas por el máximo tribunal de justicia contra la Ley 406 sobre el contrato de concesión entre el Estado y una subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals para operar una gran mina de cobre en el país, cuya aprobación ha generado una escalada de protestas desde octubre.

Estudiantes, trabajadores, docentes y miembros de la sociedad civil recorrieron algunas de las principales calles de la capital panameña vestidos de blanco, y ondeando la bandera del país mientras participaban en la multitudinaria manifestación pacífica organizada por la Universidad de Panamá, en la que predominó el llamado de “no a la minería”, y se pidió una solución rápida a la crisis que vive el país.

Tras la manifestación, se concentraron frente a las instalaciones de la CSJ donde el rector del máximo centro de estudios superiores de Panamá, Eduardo Flores y una comitiva entregaron a los magistrados, un documento en el que fundamentan la necesidad de declarar inconstitucional del contrato-ley en el menor tiempo posible.

Flores dijo que el documento presentado contempla seis argumentos entre los que incluyeron el hecho que el gobierno debió llevar a licitación pública el proyecto minero.

Distintos sectores exigen dejar sin efecto el contrato que le otorga a Minera Panamá una concesión por 20 años prorrogables para operar la mina Cobre Panamá, que según la compañía aporta el 5% del Producto Interno Bruto del país.

Además consideran que el contrato otorga demasiadas concesiones a la empresa, a la que acusan de daños ambientales irreversibles. También critican la celeridad con la que fue aprobada la Ley.

Esa situación derivó en las crecientes manifestaciones que se han extendido por más de un mes, y generado desabastecimiento de mercancías, sobretodo en las provincias al oeste del país, Chiriquí y Bocas del Toro debido al bloqueo de carreteras, que han causado pérdidas millonarias al sector productivo, según fuentes empresariales.

Esperan fallo de inconstitucionalidad

La derogación de la Ley 406 encendió las protestas en un inicio, sin embargo en las últimas semanas tomó fuerza la línea de quienes consideran más apropiado para el país un fallo de inconstitucional.

La CSJ admitió y analiza una decena de demandas de inconstitucionalidad presentadas por abogados, quienes consideran que es el camino más viable, y que pondría en ventaja a Panamá en caso de enfrentar futuras demandas de la empresa ante los tribunales de arbitraje internacional.

De hecho en la víspera el ministro de Gobierno de Panamá, Roger Tejada dijo que “no es jurídicamente viable derogar la ley 406 del 20 de octubre de 2023” citando recomendaciones del procurador de la administración, Rigoberto González.

González respondió a la consulta del Ejecutivo sobre la viabilidad de derogar la ley, luego de una solicitud presentada por algunos movimientos populares afines a la derogación.

En contraste, en la última semana distintos sectores encabezados por movimientos como “Panamá vale más sin minería” y “Sal de las redes” desarrollan una vigilia permanente frente al Órgano Judicial a la espera de un fallo de inconstitucionalidad que todavía no tiene una fecha, aunque la CSJ ha insistido que dará “prioridad” al caso.

“(…) esta consideración con base y enmarcada en la propia Constitución de la República, señala el procurador, que no seria viable derogar mediante a una ley de la República el contrato-ley 406 por lo que corresponde esperar un fallo de la Corte Suprema de Justicia”, agregó el ministro Tejada.