Human Rights Watch y Cristosal recomiendan a Estado salvadoreño cambiar política de seguridad, señalan violaciones a DDHH, presidente Bukele contesta “No”

Para su investigación, ambas organizaciones entrevistaron, entre marzo y noviembre anteriores, a 1.100 personas en los 14 departamentos de El Salvador.

Redacción Voz de la Diáspora

El Salvador -Human Rights Watch (HRW) y Cristosal publicaron este miércoles un informe en la que denuncian “violaciones generalizadas” a derechos humanos en El Salvador, bajo el régimen de excepción con el que el gobierno del presidente Nayib Bukele, impulsa una guerra contra las pandillas.

En su cuente de Twitter el presidente Bukele ha compartido la petición publicada por Juan Pappier, director asociado en funciones (Acting Associate Director), Américas, HRW, pero solo escribió “No”, que se infiere a que no aceptaran las recomendaciones.

Un informe titulado “Podemos detener a quien queramos” elaborado por HRW y la organización de defensa de derechos humanos Cristosal, denuncia, entre varios delitos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos en prisión.

Para su investigación, ambas organizaciones entrevistaron, entre marzo y noviembre anteriores, a 1.100 personas en los 14 departamentos de El Salvador.

Los entrevistados incluyeron a víctimas de abusos, sus familiares, abogados, fiscales, jueces, defensores de derechos humanos y funcionarios estatales.

El informe de más de 100 páginas divulgado hoy destaca varias recomendaciones al gobierno y funcionarios de varias instituciones del Estados como la Fiscalía, Sala de lo Constitucional, Procuraduría General y de Derechos Humanos, así como a gobiernos y organismos internacionales, entre otros.  

Entre algunas recomendaciones de HRW y Cristosal para el gobierno están: Implementar una nueva política de seguridad con respeto a los derechos humanos, enfocarse en procesar a líderes de pandillas, terminar con el régimen de excepción, eliminar el papel de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública, reducir la sobrepoblación carcelaria aplicando medidas sustitutivas a la detención.

Además, Poner fin al régimen de incomunicación de los detenidos, permitir reuniones privadas con los detenidos, garantizar que toda negociación con las pandillas se lleve a cabo de manera transparente e inclusiva priorizando los derechos humanos.

Mientras a la Asamblea Legislativa recomiendan derogar una serie de reformas que se aplican en el marco del Plan Control Territorial, en tanto a la Fiscalía General de la República hacer investigaciones sobre nexos ilícitos entre pandillas, funcionarios y fuerzas de seguridad.

A gobiernos y organismos internacionales condicionar la ayuda al gobierno para que repare en las medidas y fortalecer el apoyo a las organizaciones que velan por los Derechos Humanos y medios no alineados al gobierno. Entre otras recomendaciones.

La guerra contra las pandillas que el gobierno salvadoreño lanzó el 27 de marzo al amparo del estado de excepción, ha llevado a la detención de 59.307 de presuntos pandilleros, según el gobierno.

Según HRW y Cristosal bajo el estado de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, ha ocurrido una campaña que “ha llevado a la detención de cientos de personas” que no están relacionadas con pandillas.

También ambas organizaciones pudieron registrar que unas 90 personas detenidas bajo el régimen de excepción fallecieron en prisión estando en custodia del estado, pero ante la falta de información oficial, no pudieron establecer la causa de muerte.

El régimen de excepción, según el informe, también ha provocado una “soprepoblación” en el sistema carcelario que de tener 39.000 reos antes del inicio del régimen, ahora “tiene un estimado” de 95.000 reos. La capacidad de la veintena de cárceles en el país es para 27.000 detenidos.